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MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
La convocatoria adelantada de las elecciones generales al próximo 23 de julio impide que se aprueben varias leyes con tinte social que el Gobierno había enviado al Parlamento, entre ellas una reforma de la Constitución para sustituir el término ‘disminuidos’ por ‘personas con discapacidad’ (algo similar ya ocurrió en 2018), así como las leyes de familias, seguridad del paciente, atención a la clientela, enseñanzas artísticas superiores, bomberos forestales y agentes medioambientales.
La disolución de las Cortes Generales impedirá la tramitación del proyecto de ley de reforma del artículo 49 de la Constitución, relativo a la protección y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España.
Demandada desde hace años por el sector de la discapacidad, la modificación de este artículo se había plasmado en un proyecto de ley del Gobierno, inspirado en la propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Además de suprimir el término ‘disminuido’ del texto constitucional, la propuesta subrayaba el deber de los poderes públicos de proteger los derechos de estas personas, evitar su discriminación y garantizar su plena participación social en igualdad de condiciones, en especial la de mujeres y niñas con discapacidad.
El proyecto de ley fue rechazado por PP y Vox cuando el Congreso de los Diputados votó su toma en consideración. Pudo empezar su tramitación, pero precisaba el apoyo de tres quintas partes de las Cámaras para salir adelante, por lo que en la actualidad se hallaba paralizado en el Congreso a la espera de un cambio de postura del PP.
De hecho, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, y otros líderes populares habían manifestado su intención de desbloquear la iniciativa, pero tal votación nunca se produjo.
IGUALDAD DE TRATO
Otra iniciativa del Gobierno que también se quedará en el tintero por el adelanto electoral es el proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación, dirigida a reforzar el derecho antidiscriminatorio en España.
Su objetivo era proteger el acceso a todos los derechos de ciudadanía y combatir la discriminación directa e indirecta debida a causas relacionadas con sexo, género, raza, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, identidad de género, creencia o cualquier otro motivo.
FAMILIAS
Otra de las normas que se quedan en el tintero en la legislatura que recién acaba tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales para el próximo 23 de julio es la Ley de Familias, considerada una de las más importantes impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El anteproyecto de esta norma se aprobó en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 13 de diciembre, y en ella se incluye un permiso de cinco días al año, que se podrá utilizar en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo, y otro parental de ocho semanas, que podrán disfrutarse de forma continua o discontinua, hasta que el menor cumpla ocho años.
Otra ley que no saldrá adelante será la de racismo, en cuya elaboración estaba trabajando el Ministerio de Igualdad. No obstante, la tramitación del anteproyecto de esta norma, que se sometió a consulta pública el año pasado, no se preveía para esta legislatura, ya que no aparecía en el plan anual normativo aprobado por el Gobierno de coalición.
SEGURIDAD DEL PACIENTE
Otra norma que se paraliza es la nueva Ley de Seguridad del Paciente. La Mesa del Congreso de los Diputados acordó el pasado 13 de marzo que la norma, impulsada por el Sindicato de Enfermería (Satse), continuara su tramitación parlamentaria “después de sufrir un bloqueo de más de dos años por parte del PSOE”, según denunció dicha organización sindical.
Tras más de dos años y 83 prórrogas, el plazo de presentación de las enmiendas parciales de los diferentes partidos políticos a la Ley de Seguridad del Paciente, que ahora se vería paralizada, concluyó el pasado 15 de marzo.
La nueva propuesta de ley pretendía garantizar la seguridad asistencial de cualquier paciente en los hospitales, centros de salud u otros centros sanitarios y sociosanitarios, mediante una asignación máxima de pacientes por cada enfermera. También contempla el reemplazo de las enfermeras cuando se jubilen. La iniciativa provenía de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por Satse a finales de 2019 y avalada por 700.000 firmas de ciudadanos y profesionales sanitarios.
ATENCIÓN A LA CLIENTELA
Tampoco saldrá adelante la ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, que este jueves tenía previsto iniciar su tramitación en el Senado tras ser aprobada por amplia mayoría en el Congreso y que pretendía blindar los derechos de las personas con discapacidad y consumidores “vulnerables”, y fijaba en tres minutos el tiempo máximo de espera para atender solicitudes de atención telefónica personalizada.
Asimismo, queda guardado en un cajón la creación de un etiquetado inclusivo en alfabeto braille y otros formatos para garantizar la accesibilidad universal a bienes y productos de consumo de especial relevancia por parte de personas con discapacidad visual gracias a la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, para el que el Ministerio de Consumo contó con la colaboración de la ONCE y el Cermi.
En paralelo, tampoco saldrán adelante la ley por la que se regulan los mecanismos aleatorios de recompensa asociados a productos de software interactivo de ocio, con la que Consumo pretendía controlar las ‘loot boxes’ o 'cajas botín' dentro de los videojuegos para prohibir el acceso de los menores de edad a estos mecanismos de recompensa ni la que pretendía controlar la publicidad de alimentos insanos dirigida al público infantil, que fue bloqueada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En el ámbito de las adicciones, tampoco saldrá adelante la reforma de la ley de tabaco después de que el Ministerio de Sanidad sacase a consulta pública la modificación del Real decreto 579/2017, de 9 de junio, que regula determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados que preveía introducir el empaquetado genérico, mejorar la catalogación de los productos emergentes y prohibir ciertos aditivos y componentes.
EDUCACIÓN
Tras aprobarse la Ley de Universidades (LOSU) el pasado marzo en el Congreso, la ley estrella del departamento ministerial dirigido por Joan Subirats para esta legislatura, empezó a correr el plazo de seis meses para que el Gobierno presentara el estatuto del personal docente e investigador universitario, una de las grandes demandas del sector.
Antes de la convocatoria de elecciones generales, Universidades también estaba ultimando con el Ministerio de Educación y Formación Profesional lo que sería la futura prueba de bachillerato para acceso a la universidad (la Ebau), que iba a arrancar en junio de 2024.
Ese nuevo modelo de selectividad daba más tiempo para los exámenes y un modelo más flexible adaptado a la nueva ley de Educación, la Lomloe, basada en valorar las competencias de los alumnos y no tanto sus conocimientos.
Con el 23-J también se detiene la tramitación parlamentaria de la ley de Enseñanzas Artísticas Superiores que había anunciado la ministra Pilar Alegría. También se frenará el desarrollo autonómico de la ley de FP y de la citada LOSU.
BOMBEROS Y AGENTES MEDIOAMBIENTALES
Asimismo, tampoco verán la luz leyes que establecen un marco jurídico básico de los bomberos forestales, por un lado, y los agentes forestales y medioambientales, por otro, con el fin de que tengan unas condiciones laborales y profesionales equivalentes en toda España.
Esas dos figuras están actualmente reguladas por las comunidades autónomas conforme a sus competencias, lo que provoca desigualdades entre los trabajadores. Se trata de dos colectivos que suman unas 20.000 personas.
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