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MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
Los senadores de Vox registraron este viernes en la Comisión Constitucional de la Cámara Alta una moción con el objeto de pedir al Gobierno que impulse la ilegalización del "brazo político de la banda terrorista ETA”, en referencia a EH Bildu.
En la iniciativa, Vox hace referencia a “la estrategia tramposa diseñada por el entramado terrorista ETA/Batasuna con el objetivo de que el ilegalizado brazo político de ETA participase en la misma democracia española que esta banda terrorista quiso destruir a golpe de fraude sistemático y de mil asesinatos”, una estrategia que comenzó en 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno.
“Desde aquellos momentos, las cesiones del Gobierno de España, y la colaboración de los ejecutivos regionales vasco y navarro, ante la banda terrorista o a sus representantes políticos, etarras o filoetarras, han sido constantes”, reprueban los senadores de Vox, quienes lamentan que “a tal punto ha llegado esta degradación, que la gobernabilidad de España descansa hoy, casi íntegramente, en un partido -hoy ya podemos decirlo- formado por terroristas”, expone.
Así, España afronta este domingo unas elecciones municipales y “una vez más” ETA “ha intentado -y, por ahora, conseguido- burlar la Ley de Partidos Políticos al incluir en las candidaturas municipales de EH Bildu a 44 miembros condenados de la banda terrorista ETA, 37 por pertenencia y colaboración con banda armada y 7 con delitos de sangre”.
EVITAR LA LEY
Asimismo, Vox advierte que “no es la primera vez, ni será la última, que ETA intenta evadir la aplicación de la ley para entrar en las instituciones democráticas”. A su juicio, esta organización “sigue utilizando campañas e iniciativas de apoyo a presos de la banda terrorista ETA, agrupadas principalmente en la campaña permanente Euskal Presoak Euskal Herrira”.
Por ello, insta a que el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, solicite la ilegalización de EH Bildu al entender que en su actividad “ha vulnerado los principios democráticos al haber incurrido de forma grave en los supuestos contemplados en el artículo 9 de la citada Ley Orgánica”.
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