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MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
La asociación de víctimas Dignidad y Justicia, presidida por el diputado del PP madrileño Daniel Portero, ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la inclusión de 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu a las próximas elecciones del 28 de mayo.
Esta asociación incluye en la ampliación a otros veinte candidatos también condenados por terrorismo que EH-Bildu presentó en elecciones celebradas en Vizcaya, Álava y Navarra en los años 2015, 2016, y 2019.
El escrito solicita al Ministerio Público que estudie si hay “reiteración o acumulación en diferentes periodos electorales" de la inclusión de condenados de ETA que no se han arrepentido en las listas de Bildu, dado que ese sería un posible resquicio para instar la ilegalización.
En concreto, el artículo 9.3 C de la Ley de Partidos indica que un partido puede ser ilegalizado cuando presente en sus listas candidatos condenados por terrorismo y que no han rechazado sus fines ni medios terroristas de forma pública. Dignidad y Justicia entiende que estas pesquisas le corresponde hacerlas al Estado de derecho.
La Fiscalía General del Estado rechazó el pasado jueves la posibilidad de abrir un proceso de ilegalización en respuesta a una denuncia presentada por la asociación de guardias civiles Jucil, al entender que el funcionamiento y los medios de los que se nutre EH-Bildu la acreditan como “una formación política democrática”.
Dignidad y Justicia sostiene que esta formación ha venido presentando a exconvictos de ETA en sus listas electorales desde el año 2011 y hace especial hincapié en los comicios de 2015, 2016 y 2019. Calcula que en las elecciones municipales de 2015, Bildu presentó nueve candidatos con estas características en Guipúzcoa, mientras que en las autonómicas de 2016 presentó a Iker Casanova Alonso, que resultó elegido como parlamentario vasco. Además, cita otros 13 candidatos que se integraron en las candidaturas de Bildu en las elecciones generales y municipales de 2019.
Dignidad y Justicia trata de así de encontrar un resquicio legal para que se inicie el proceso de ilegalización una vez que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado no vieran infracción legal para ello.
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