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MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, agradeció este miércoles el apoyo al Proyecto de Ley por el de Derecho a la Vivienda a “todas las formaciones políticas que van a hacer posible esta ley”.
Así lo indicó durante el debate en el Pleno del Senado de la Ley de Vivienda, que afronta el que podría ser su último trámite parlamentario si el texto sale adelante sin la introducción de ninguna enmienda adicional que obligaría a devolver la norma al Congreso.
La ministra, que abrazó a la portavoz de Vivienda del PSOE en la Cámara tras su última intervención, cerró el debate agradeciendo también a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y a algunos miembros de su ministerio como el secretario de Estado, David Lucas, y el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero.
Sánchez destacó que este último trámite cierra “un camino largo, difícil, de casi tres años de intenso trabajo y diálogo permanente con los con los sectores afectados y con el mundo académico y profesional”.
Señaló que han alcanzado la meta “largamente buscada” y aseguró que pueden sentirse “orgullosos” de una ley “sólida jurídicamente”, que toma “lo mejor” de regulaciones de otros países y “socialmente ambiciosa” ya que cambia la “orientación tradicional” de la política de vivienda en España.
Como en otras ocasiones, subrayó la intención de convertir la vivienda en el “quinto pilar del estado del bienestar”, tras “la sanidad, la educación las pensiones y la dependencia” y apuntó que es el elemento de los cinco que más “tensión” sufre por la doble concepción de la vivienda “como bien de mercado y como derecho básico”.
“La falta de acceso a una vivienda se ha convertido junto al desempleo en el elemento más determinante de exclusión social y de frustración de proyectos vitales”, aseguró Sánchez, que señaló que afecta especialmente a los jóvenes y a las familias de menos ingresos.
Asimismo, defendió que la norma ha tenido “bien presentes” los derechos a la propiedad privada y la necesidad de “compaginar” las competencias reservadas al Estado con las de las comunidades autónomas, uno de los elementos más criticados durante la tramitación del texto.
Con la norma, Sánchez aseguró que el centro de las políticas de vivienda “ya no podrá ser el ladrillo con sus secuelas de especulación y encarecimiento de precios”, pues el centro pasar a estar ocupado por las “personas”.
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