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MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
La Dirección General de la Policía (DGP) desarrollará investigaciones criminales sobre las posibles manipulaciones de competiciones deportivas y fraudes en las apuestas detectadas por la red de entidades que participan en el Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (Sigma), el instrumento que coordina las alertas sobre posibles amaños.
Lo hará merced a un convenio firmado este martes entre el Ministerio de Consumo y el Ministerio de Interior, tal y como informó el departamento de Alberto Garzón en un comunicado en el que precisó que, en virtud de dicho acuerdo, la Policía Nacional accederá a la base de datos del Sigma y “analizará e investigará” las “alertas” que se produzcan en el ámbito de los eventos y apuestas deportivas.
El gabinete de Garzón recordó que Sigma es un instrumento técnico que se constituye como una red de cooperación interactiva gestionada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y accesible, por vía telemática, para las entidades adheridas al servicio y que, en la actualidad, forman parte de dicha red el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales y los operadores de juego con título habilitante.
En este contexto, Consumo defendió que, con la “adhesión” de la Policía Nacional, se “refuerza” la “lucha" contra el fraude en el mercado de los eventos y las apuestas deportivas.
Se trata de combatir, según especifica el convenio, unas prácticas que “afectan al normal desarrollo de las actividades relacionadas con el juego” y constituyen “una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el deporte, pues atentan contra sus valores esenciales y alejan de su entorno a aficionados y seguidores”.
Con el objetivo de analizar el desarrollo del convenio, así como de adoptar las medidas “que sean necesarias” en torno a las investigaciones criminales que se pudieran iniciar en este ámbito, la DGOP y la DGP constituirán, en el plazo de un mes, la Comisión de Seguimiento del convenio.
Dicha comisión se reunirá de forma ordinaria una vez al año, aunque puede convocarse de forma extraordinaria “en cualquier momento si alguna de las partes así lo solicita”, según avanzó Consumo, al tiempo que destacó que el acuerdo, que también contempla la confidencialidad de todos los datos compartidos entre sendas organizaciones, tiene una vigencia de cuatro años.
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