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MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
Amnistía Internacional (AI) calificó este martes de “proyecto histórico” la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas transexuales y para la garantía de los derechos Lgtbi -la conocida como 'ley trans'-, y valoró de forma positiva la redefinición de la violencia sexual a partir del consentimiento que recoge la llamada ley del 'sólo sí es sí'.
Así se recoge en la sección dedicada a España dentro del informe anual de AI sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, presentado este martes bajo el título 'Herramientas para cambiar el mundo'.
Según Amnistía, la 'ley trans’ supone un avance muy significativo en la defensa de los derechos de este colectivo. Habla de “histórico proyecto de ley”, ya que cuando este trabajo fue elaborado, la norma aún no había sido aprobada de forma definitiva.
Destaca que permitirá el reconocimiento legal de su género a las personas transexuales, que también podrán cambiar los indicadores de género en los documentos de identidad sin necesidad de someterse a un tratamiento hormonal ni de obtener un informe médico.
En cuanto a los derechos de las mujeres, Amnistía valoró de forma positiva la reforma de la Ley del aborto, que “eliminó obstáculos para acceder libremente a la interrupción voluntaria del embarazo”, y la entrada en vigor de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, que reformó el Código Penal y redefinió el delito de violencia sexual basándose en la falta de consentimiento, un nuevo paradigma importante, según Amnistía.
CRÍTICAS
La organización criticó en cambio la vigencia de la Ley de protección de seguridad ciudadana (la llamada 'ley mordaza'), y lamentó que las autoridades siguieran haciendo “uso de delitos de definición imprecisa para coartar la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
De hecho, las multas a periodistas y manifestantes por este tipo de delitos imprecisos aumentaron en 2022.
El informe indicó además que el pasado 24 de junio, las autoridades españolas y marroquíes emplearon “fuerza ilegítima y cometieron actos que podrían ser constitutivos de tortura y otros malos tratos” para reprimir el intento de un numeroso grupo de personas subsaharianas de entrar en Melilla.
Al menos 37 personas murieron, prosiguió, y “470 fueron expulsadas ilegalmente de España”.
Amnistía también criticó la devolución a Argelia de un ciudadano que sufría persecución en ese país, y comparó estas actuaciones con las más de 126.000 protecciones temporales a refugiados de Ucrania concedidas por el Gobierno en 2022.
SALUD
Asimismo, denunció que España “sigue fracasando a la hora de proteger el derecho a la salud y a la vivienda”. En su opinión, “ni el Ejecutivo nacional ni los gobiernos autonómicos destinaron fondos suficientes para proteger el derecho a la salud”. El presupuesto nacional para la atención primaria de salud representó en 2022 el 14% del presupuesto total dedicado a sanidad pública, lejos del nivel de al menos el 25% recomendado por la OMS. El presupuesto total de las comunidades autónomas destinado a sanidad fue sólo un 4,5% superior al de 2021, menos de la mitad del aumento del gasto sanitario del periodo comprendido entre 2019 y 2020. De hecho, Aragón y Castilla-La Mancha redujeron su presupuesto de salud en comparación con el de 2021.
Sí consideró una buena noticia que empezase a aplicarse la nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026, aprobada en diciembre de 2021 tras una larga interrupción de 15 años. En cambio, criticó que las autoridades no investigaron adecuadamente las muertes de personas mayores en residencias sucedidas durante la pandemia de covid-19.
“Aproximadamente el 90% de las investigaciones de la fiscalía fueron archivadas”, denunció, a pesar de que el Fiscal General del Estado reconocía que se habían cometido violaciones de derechos humanos en estos centros.
La mayoría de las comisiones de investigación de las comunidades autónomas encargadas de examinar el trato recibido por las personas mayores en las residencias se cerraron sin una explicación clara y las autoridades no establecieron ninguna comisión de investigación nacional para hacer rendir cuentas a los responsables de estas muertes, añade.
Sobre el derecho a la vivienda, subraya que entre enero y septiembre se llevaron a cabo 29.285 desahucios y que en junio el Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre la suspensión de los desahucios de personas vulnerables.
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