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El PNV cree que la corrupción del ‘caso Mediador’ estaba extendida “por todo el Estado”

martes, 14 de marzo de 2023, 15:27 h (CET)

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)


El PNV aseguró este martes que el Gobierno debe dar explicaciones sobre el llamado ‘caso Mediador’, porque parece que estaba extendido “por todo el Estado”, en referencia a que presuntamente también afecte a licitaciones de obras en cuarteles de la Guardia Civil.


En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz peneuvista, Aitor Esteban, hizo esta consideración al anunciar que su partido preguntará en el Pleno de este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las adjudicaciones en instalaciones de la Benemérita.


Esteban señaló que Marlaska debe dar explicaciones sobre la “supuesta corrupción y componenda” en los contratos del Instituto Armado. Además, indicó que, por los datos que se van conociendo, la presunta corrupción del ‘caso Mediador’ estaba extendida “por todo el Estado y, además, no es algo que haya aparecido de pronto, sino que ya se venía dando”.


Añadió que estas irregularidades se pueden haber producido porque no existe el más “mínimo margen de crítica” cuando se habla de la Guardia Civil, la Policía Nacional o el Ejército.


CRÍTICA A EH BILDU Y ERC


Asimismo, se refirió a que es el PSOE el que debe explicar en qué consiste la investigación sobre las adjudicaciones en la Benemérita y el ‘caso Mediador’ que anunció este martes. Los socialistas afirmaron que se indagará al respecto, pero no en una comisión de investigación.


A este respecto, Esteban sostuvo que una iniciativa de este tipo sólo puede buscar “ruido” antes de las elecciones, ya que este caso es algo que está siendo analizado actualmente por los jueces.


Por otra parte, sobre el rechazo del dictamen para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, el portavoz peneuvista dijo sentirse “decepcionado” porque EH Bildu y ERC hiciesen recaer la reforma tras los meses de trabajo realizado.


Aludió a que estos dos partidos serán los “responsables” de que determinados cambios no vayan a entrar en vigor, como sanción a manifestantes o a los propios periodistas por fotografiar agentes en protestas en las calles.


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