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MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pidió este miércoles al Congreso su apoyo al proyecto de ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, porque considera que es “urgente” facilitar a los ciudadanos y pymes un medio alternativo y gratuito al procedimiento judicial para resolver sus discrepancias con las entidades financieras.
Así lo afirmó durante el debate de totalidad del proyecto de ley, donde se mostró confiada en aunar el máximo apoyo posible a pesar de las enmiendas a la totalidad de ERC y Vox.
Según Calviño, este proyecto de ley ha sido fruto de una tramitación “larga y compleja” desde el comienzo de la legislatura y se ha diseñado para superar las carencias que se detectaron en el sistema actual a principios de abril del año pasado.
La propuesta del Gobierno, que ha incorporado “numerosas sugerencias y propuestas” de más de 40 documentos presentados por las patronales bancarias, las asociaciones de consumidores y las entidades del tercer sector, cuenta con “el fuerte apoyo” de los usuarios de servicios financieros, “que llevan semanas y semanas destacando la necesidad de avanzar en este ámbito lo antes posible”, según Calviño. Por ello, el Gobierno considera que es “urgente” dar luz verde a esta nueva norma.
“RÁPIDO” Y GRATUITO
El objetivo de esta ley es “reforzar significativamente” los mecanismos de solución de conflictos de carácter extrajudicial, lo que resulta “especialmente importante” para las pymes, que dispondrán de un cauce adicional para proteger sus intereses.
Asimismo, dará a los ciudadanos “una solución rápida” gracias a la entrada en vigor de instrumentos “eficaces y ágiles”, que resolverán los conflictos de forma alternativa a los tribunales de justicia, donde hay más de 30.000 litigios pendientes, según Calviño
Así las cosas, la ley establece que las reclamaciones de cuantía reducida –por debajo de 20.000 euros, que son “la práctica totalidad” de las que actualmente se presentan– tendrán carácter “vinculante”, lo que agilizará los trámites para resarcir a los ciudadanos perjudicados.
La Autoridad de Defensa del Cliente se financiará a través de una tasa que la entidad financiera deberá satisfacer cuando la reclamación sea admitida a trámite. Calviño ha incidido en que el proyecto de ley recoge una cuantía de 250 euros como estimación obtenida a partir de los datos disponibles en el número actual de reclamaciones, aunque avanzó que esta cuestión “se podrá abordar sin ningún problema a lo largo de la tramitación parlamentaria”.
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