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MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, pidió este miércoles a la Comisión Europea que investigue la “derivada comunitaria” del ‘caso Mediador’ por el posible desvío de fondos europeos y que analice las consecuencias de la rebaja del delito de malversación impulsada por el Gobierno.
En concreto, la eurodiputada de Ciudadanos ha presentado dos preguntas a la Comisión a raíz del ‘caso Mediador’ y las consecuencias de la corrupción en España, que, a su juicio, deberían tener “un reflejo” en el próximo informe sobre el Estado de derecho relativo a España.
“Un Estado de derecho sano lucha eficazmente contra la corrupción porque cada escándalo lo debilita. Construir un marco legal eficaz es el objetivo y no precisamente desmontarlo mientras hay un suma y sigue de casos de malversación, corrupción o fraude como Mediador, EREs en Andalucía, etc.”, indicó Pagazaurtundua.
En las preguntas, la eurodiputada aborda la vertiente europea del ‘caso Mediador’, la presunta red de favores dirigida por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife.
“Entre los pagos con prostitutas, cenas y favores, se especula también sobre el posible desvío de fondos europeos Next Generation, relativos al proyecto europeo Gar-Si Sahel, que nació en 2017 con la intención de ayudar, formar y equipar a las gendarmerías de Mauritania, Burkina, Malí, Níger, Senegal y Chad, para que luchasen contra el terrorismo y el crimen organizado en El Sahel”, expuso.
MALVERSACIÓN
Ante estas informaciones, Pagazaurtundua pide a la Comisión que le informe sobre los controles que ha realizado para verificar que no se han utilizado fondos europeos de manera “incorrecta” en relación con este caso. Además, la eurodiputada recuerda que en España se acaba de aprobar una reforma legal que ha rebajado las penas por el delito de malversación.
“¿Cree la Comisión que España, con esta reforma legal, está contribuyendo a una política integral de prevención y reducción de la corrupción e incentiva el respeto de los principios de concurrencia, transparencia e igualdad de trato de los licitadores?”, pregunta Pagazaurtundua en su iniciativa.
Pagazaurtundua cree que el Ejecutivo comunitario debe tener en cuenta estos casos en su próximo informe sobre el Estado de derecho, así como el hecho de que España está en la posición 35 de los 180 países analizados por Transparencia Internacional, un puesto que comparte con Botsuana y Cabo Verde.
La corrupción es uno de los cuatro pilares que analiza anualmente la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de derecho, junto con los sistemas judiciales, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y otras cuestiones relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales.
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