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MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
El Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó este martes una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común en la que se insta al Gobierno a "garantizar el acceso a la escolarización inclusiva y en igualdad de condiciones, con los apoyos necesarios y en las mismas aulas que el resto de los niños y niñas".
La propuesta, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, recuerda que el derecho a la educación está reconocido en la Constitución española y en el derecho internacional y que "los principios básicos que el derecho a la educación son los de universalidad y no discriminación en el disfrute del derecho a la educación, y, como tal, a toda la infancia, incluida la infancia con discapacidad".
"La educación inclusiva ha sido reconocida como la modalidad más adecuada para que los Estados garanticen la universalidad y la no discriminación en el derecho a la educación de todas las niñas y niños", prosigue el texto, que también subraya que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad señala que para ejercer ese derecho "han de existir sistemas educativos inclusivos".
Asimismo, prosigue la exposición de motivos, "el Comité de la ONU para las Personas con Discapacidad ya ha advertido varias veces a España del incumplimiento del derecho a la educación inclusiva y le ha conminado a adoptar medidas para garantizar los apoyos y recursos necesarios que hagan posible la escolarización en la educación ordinaria. A ello está obligado nuestro país, además, por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que ratificó en 2008, incorporando de esa manera al cuerpo legislativo nacional la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y el rechazo a la exclusión del sistema general escolar por causa de lo que ahora se denomina como una discapacidad intelectual o del desarrollo".
"En la práctica siguen siendo muy numerosos los casos de incumplimiento del derecho a la educación inclusiva por falta de recursos en los centros, algo que ocurre con una mayor o menor incidencia en cualquier ciudad o comunidad, según las organizaciones del sector", protestó el grupo confederal.
LOMLOE
Aunque, añadió, la aprobación de la Ley de Educación (Lomloe), "que tiene entre sus prioridades la promoción de una educación inclusiva, supuso un gran avance, sin embargo, las estadísticas más recientes sobre enseñanza muestran que existe una brecha entre el nivel educativo de la población con y sin discapacidad de la misma edad, siendo especialmente llamativo un porcentaje de analfabetismo significativamente más alto que en la población general, así como un nivel de estudios inferior".
"La disposición adicional cuarta de la Lomloe dispone que las administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno/a y que el Gobierno central, en colaboración con las administraciones autonómicas competentes, llevará a cabo un plan que en el mencionado plazo de diez años deberá hacer cumplir la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en relación a la educación inclusiva", agregó.
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