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El Gobierno detecta “serias dudas” en los argumentos expuestos por Ferrovial para justificar su deslocalización

lunes, 6 de marzo de 2023, 11:11 h (CET)

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)


La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró este lunes que la información disponible y los primeros trabajos de los análisis técnicos “arrojan serias dudas” sobre los argumentos que Ferrovial ha esgrimido para explicar su marcha de España.


Así lo dijo a los medios en la sede del ministerio que lidera, donde reiteró que la propuesta de constructora “demuestra una falta total de compromiso con España”, y rechazó que el traslado de su sede social a los Países Bajos “no tiene que ver” con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque “todos los gobiernos, de uno u otro signo”, han apoyado “decididamente” a la compañía liderada por Rafael del Pino.


Calviño no quiso adelantarse a las conclusiones de los análisis técnicos de los distintos ministerios y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero sí avanzó que dentro del Ejecutivo han constatado “ciertas dudas con respecto a los argumentos que se han utilizado para tratar de explicar esta decisión que muestra una falta total d compromiso con España”


No obstante, sí dejó caer que esas “dudas” están relacionadas con los requisitos que Ferrovial dice que tiene que cumplir para poder cotizar en bolsa en Estados Unidos. En concreto, al ser preguntada por si el Gobierno se plantea medidas legislativas para facilitar el salto de las compañías españolas al mercado bursátil norteamericano, Calviño reconoció que están “justamente analizando en qué medida hay una diferencia en la normativa en nuestro país con respecto a otros países europeos”


“Y como digo, el análisis técnico realizado hasta el momento arroja serias dudas sobre los argumentos que se han esgrimido para tratar de explicar esta decisión”, culminó.


Por último, la vicepresidenta rechazó que Ferrovial vaya a ser penalizada en los concursos públicos por esta decisión porque “se tiene que aplicar la ley y la igualdad de trato”, así como “todas las reglas nacionales e internacionales por lo que respecta la contratación pública”.


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