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BARCELONA, 27 (SERVIMEDIA | Juan Ramírez, enviado especial)
La vicespresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró este lunes sobre la publicación este martes del IPC de febrero y las previsiones de una nueva moderación en este indicador que el último paquete de medidas adoptadas por el Ejecutivo en diciembre y enero para sujetar el alza de los precios “todavía tiene recorrido para tener impacto”.
En declaraciones en Barcelona durante su visita a la jornada inaugural del Mobile World Congress, a Calviño se le preguntó por el alcance que prevé que tenga el dato avanzado del IPC de febrero que este martes publicará el INE.
La ministra de Asuntos Económicos quiso subrayar en primer término que “la competencia en materia de inflación en la zona euro recae en el Banco Central Europeo, y me consta que ellos están haciendo un seguimiento y tomando las decisiones que creen más adecuadas para contener la inflación”.
Por lo que se refiere al Gobierno español, afirmó que en diciembre y enero se adoptaron medidas “que tienen que ir desarrollando sus efectos y que todavía tienen recorrido para tener impacto en la contención de precios” como la de las ayudas al campo por el encarecimiento de los fertilizantes.
“Todos los organismos prevén que a lo largo del año se irá conteniendo la inflación e irá bajando”, agregó la ‘número dos’ del Ejecutivo, que señaló que el freno al alza de los alimentos es “prioritario” para el Gobierno y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, proseguirá las reuniones con el Observatorio de la Cadena Alimentaria para analizar la evolución de la cesta de la compra.
COLAU
Respecto a las acusaciones que ha recibido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Calau, que ha dicho que la vicepresidenta encarna al “ala neoliberal” del Ejecutivo y no hace lo suficiente por estimular el parque de vivienda pública en España, Calviño no quiso echar más leña, y se limitó a indicar que el Gobierno no ha dejado de tomar medidas en apoyo a la vivienda social y ha impulsado una nueva ley de vivienda que confía en que se pueda aprobar lo antes posible.
Recordó, no obstante, que las comunidades y los ayuntamientos son “los principales competentes” en materia de política de vivienda, y lo que hace el Gobierno en muchos casos es movilizar activos de la Sareb, como se ha hecho con unas 900 viviendas en Cataluña o 150 con el Ayuntamiento de la ciudad condal.
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