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MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 presentó este miércoles en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia una propuesta para distribuir 198.704.000 euros entre las comunidades autónomas, a excepción de Navarra y País Vasco, para proteger a las familias, combatir la pobreza infantil y desarrollar prestaciones básicas de los servicios sociales. También planteó el reparto de dos millones para atender las necesidades y la inclusión de las personas gitanas.
La cuantía total son créditos ya establecidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 que se otorgarán a las comunidades cuando el Consejo de Ministros autorice su distribución y el propio Consejo Territorial la apruebe definitivamente.
Durante la reunión también se trató el anteproyecto de ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales que se encuentra en tramitación.
Los fondos destinados a las familias y a la infancia vulnerable se dividirán en tres apartados: 65 millones se destinarán al Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil, 50 millones de los cuales estarán a disposición de las comunidades para financiar proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias y los otros 15 millones se dedicarán a programas específicos que garanticen el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los niños durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral; 25 millones financiarán programas de refuerzo de equipos de atención a la infancia y la familia en los servicios sociales de atención primaria, y 108.704.000 euros se consagrarán a prestaciones básicas de los servicios sociales.
Las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla aportarán, para la financiación de los proyectos seleccionados, al menos una dotación económica de igual cuantía que la que le corresponde en la distribución de los fondos y determinarán las aportaciones de las corporaciones locales de su territorio para participar en la cofinanciación.
Respecto a los créditos para proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, las comunidades buscarán atender las necesidades de las personas más desfavorecidas y promover su inclusión, según lo establecido en la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación de la Población Gitana 2021-2030 y sus Planes Operativos.
Los proyectos se seleccionarán previo acuerdo de Derechos Sociales, las comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla, y deberán contemplar su carácter integral, la participación efectiva de población gitana en su ejecución y la evaluación y la promoción de la convivencia ciudadana y la interacción social.
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