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MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
La Comisión Europea anunció este miércoles que ha decidido llevar a España y a otros siete países ante el Tribunal de Justicia por no haber transpuesto ni notificado las medidas nacionales de transposición a su ordenamiento jurídico de la directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
Según informó la Comisión en un comunicado, además de España actuará contra Alemania, Chequia, Estonia, Hungría, Italia, Luxemburgo y Polonia, por no adoptar la Directiva (UE) 2019/1937. Dicha directiva exige a los Estados miembros proporcionar a los denunciantes que trabajan en los sectores público y privado canales eficaces para denunciar las infracciones de las normas de la UE de forma confidencial, estableciendo un sólido sistema de protección frente a represalias.
Esto se debe aplicar tanto a nivel interno (dentro de una organización) como externo (a una autoridad pública competente). Los Estados miembros tenían que adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva a más tardar el 17 de diciembre de 2021.
La Directiva, señaló la Comisión, desempeña un papel clave en la aplicación del Derecho de la Unión en una serie de ámbitos importantes en los que las infracciones de ese derecho pueden causar perjuicios al interés público, por ejemplo, en materia de protección del medio ambiente, contratación pública, servicios financieros, seguridad nuclear, seguridad de los productos y protección de los intereses financieros de la Unión.
EMPLAZAMIENTO IGNORADO
El 23 de abril de 2018, la Comisión presentó un paquete de iniciativas que incluía una propuesta de directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y una comunicación, que establecía un marco jurídico global para la protección de los denunciantes. El objetivo era salvaguardar el interés público a escala europea. La Directiva se adoptó el 23 de octubre de 2019 y entró en vigor el 16 de diciembre de ese mismo año.
En enero de 2022, la Comisión envió cartas de emplazamiento a veinticuatro Estados miembros por no haber procedido a la plena transposición ni haber notificado a la Comisión las medidas de transposición dentro del plazo prescrito. Además, la Comisión envió dictámenes motivados a quince Estados miembros en julio de 2022 y a otros cuatro en septiembre de 2022 por no haber notificado las medidas de transposición completa de la Directiva.
Como las respuestas de España y los otros siete Estados miembros a los dictámenes motivados de la Comisión no fueron satisfactorias, la Comisión ha decidido llevar a esos países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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