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MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, subrayó este miércoles que la estrategia estatal de desinstitucionalización tiene como objetivo abandonar “progresivamente” un modelo de residencias que en el caso de las personas mayores “evidenció todos sus límites” durante la pandemia.
Lo dijo durante la presentación de la referida estrategia en un acto celebrado en la sede del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el que también participó el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco.
En su intervención, señaló que la estrategia es “una de las piezas clave de la revolución de los cuidados que queríamos comenzar en esta legislatura”, máxime cuando el 78% de los españoles considera que quienes viven en un centro o en una residencia se encuentran al margen de la vida en sociedad, y cuando el 97% de ellos piensan que las administraciones tienen que dedicar recursos y esfuerzos para que estas personas vivan en la comunidad.
A su juicio, estas cifras evidencian la importancia de forjar alternativas para que las personas mayores o con discapacidad o con alguna discapacidad “se queden en su barrio con los apoyos necesarios”, para que los niños en centros de protección vivan con una familia de acogida y para que las personas en situación de sinhogarismo cuenten con un albergue.
Esto le sirvió para proclamar que la estrategia estatal de desinstitucionalización busca que se abandone “progresivamente” un modelo de residencias que en el caso de las personas mayores “evidenció todos sus límites” durante la pandemia.
En la construcción de ese modelo, según Belarra, resulta fundamental la implicación del Tercer Sector, la sociedad civil, las comunidades autónomas, los movimientos sociales y las personas que “en primera persona viven esos procesos de institucionalización”.
Belarra concluyó su alocución refrendando su intención de reparar la “desigualdad de género y de clase” que “durante décadas” se ha instalado en el sistema de cuidados.
Por su parte, Jesús Martín Blanco arguyó que en el Ministerio de Derechos Sociales los derechos humanos son “una meta incuestionable, son una meta irrenunciable” y por ello defendió que “las personas que vivimos en los márgenes tengamos una vida elegida”.
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