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MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) consideró este miércoles que la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero podría colapsarse si no se habilita la posibilidad de reclamar colectivamente y así se lo trasladó al Ministerio de Consumo de cara a la presentación de enmiendas.
En un comunicado, Asufin planteó que el nuevo organismo, que integrará los actuales servicios de reclamaciones de los organismos supervisores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores -CNMV- y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), aproveche la transposición de la Directiva de acciones de representación, conocida como acciones colectivas, para agilizar la resolución de conflictos masivos, “aliviar” los tribunales y mejorar la defensa de los consumidores.
Para la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, “debería aprovecharse la oportunidad para poner coto a la alta litigiosidad en materia bancaria de los últimos años dotando a la Autoridad de facultades que le permitan gestionar acciones colectivas”.
Las propuestas se han hecho llegar a Consumo, dado que hoy finaliza el plazo de enmiendas al proyecto de ley y que se está tramitando en paralelo la ley de acciones colectivas.
Del mismo modo, Asufin propone que se corrija el punto relativo a a las sanciones porque, tal y como está redactada la norma, solo se sancionan los incumplimientos de resoluciones vinculantes (que son las de importes menores a 20.000 euros o por cantidades indeterminadas), quedando fuera conductas como la reiteración en el incumplimiento de todos ellos, es decir, no se sanciona que una entidad siga desatendiendo reclamaciones en sus servicios sobre hechos ya resueltos favorablemente al cliente por la Autoridad.
“Somos conscientes de que es el Banco de España el que tiene potestad en materia sancionadora, pero por experiencia sabemos que este tipo de situaciones no se han sancionado nunca y que las entidades abusan de ello”, recalca Asufin en su escrito a Consumo.
Sin ese régimen sancionador, se trasladaría la litigiosidad actual de los ya colapsados juzgados especializados a la nueva Autoridad, disuadiendo de nuevo a los consumidores a presentar la reclamación.
Finalmente, el documento remitido a Consumo señala que “es necesario que se establezcan criterios claros sobre la valoración de la mala fe”.
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