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MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
Catorce organizaciones de sectores sociales tan variados como sindicatos, ecologistas, consumidores, jóvenes y ciclistas, calificaron este martes de “decepcionante” el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible por, entre otras razones, no incluir objetivos de descarbonización del transporte -principal emisor de gases de efecto invernadero- ni promover la financiación del transporte público.
Esas organizaciones son T&E (Transport & Environment), Ecodes, CCOO, UGT, Greenpeace, Ecologistas en Acción, CECU (Federación de Consumidores y Usuarios), Fundación Renovables, PX1NME (Plataforma por un Nuevo Modelo Energético), ECO-UNIÓN, AMBE (Asociación de Marcas y Bicicletas de España), Conbici (Coordinadora en Defensa de la Bici), PTP (Promoción del Transporte Público) y Consejo de la Juventud de España.
Todas ellas han trabajado conjuntamente durante varios meses y han acordado algunas enmiendas al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible -actualmente en fase de tramitación en el Congreso-, que han trasladado a los grupos parlamentarios.
Carlos Bravo, de T&E, recordó en una rueda de prensa en Madrid que la norma, coordinada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entró en “una especie de limbo” tras la eclosión de la pandemia de la covid-19 y el Consejo de Ministros la remitió al Congreso el pasado mes de diciembre.
Bravo lamentó que la ley, que se tramita de urgencia en el Parlamento, es “muy decepcionante” porque no incluye “una hoja de ruta” con “objetivos concretos” de descarbonización del transporte, de manera que deje de ser contaminante en 2050 (en línea con la neutralidad climática fijada por la UE) y haya metas intermedias en 2030 y 2040 con respecto a los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero de 1990.
“Es una oportunidad lamentablemente perdida para descarbonizar el sector del transporte y mostramos nuestra profunda decepción tras más de un año trabajando de forma coordinada”, recalcó Carmen Duce, de Ecologistas en Acción, quien agregó: “No tenemos tiempo para perder más oportunidades. Hay que apostar por la movilidad sostenible y el transporte público”.
FERROCARRIL
Para las organizaciones, la norma no fomenta el transporte por ferrocarril (que debería doblar el número de viajeros en la próxima década), se ha caído de su enunciado la alusión inicial a la financiación del transporte público y no alude a los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Según Bravo, el texto supone “un fomento claro y explícito del gas natural” en el transporte marítimo, cuando ese combustible fósil contiene metano -un gas de efecto invernadero, 87 veces más potente que el CO2- y omite el cumplimiento de las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la calidad del aire.
Además, no da prioridad a la eficiencia energética apostando por un sistema multimodal que tenga como columna vertebral el transporte público y los desplazamientos a pie, en bicicleta y en tren, así como por los vehículos eléctricos.
Por otro lado, las organizaciones reclaman un ‘billete único’, es decir, una única tarjeta de transporte para toda España y todos los modos de transporte público colectivo, y que también facilite los desplazamientos por el resto de la UE.
VUELOS CORTOS
Otra reivindicación es que la ley establezca que los centros laborales con más de 100 trabajadores o 50 por turno tengan planes de movilidad sostenible al trabajo, pues actualmente lo fija en lugares con más de 500 empleados o 250 por turno. “Es muy poco ambiciosa porque habla de esos planes en 24 meses tras la entrada en vigor de la ley”, indicó Manuel Riera, director de Medio Ambiente de UGT.
Las entidades también proponen que el texto aluda a una fiscalidad justa del transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, con mecanismos como peajes por uso de carreteras, peajes urbanos, impuestos al queroseno o impuestos a la aviación.
Igualmente, consideran recomendable eliminar los vuelos internos en avión para los que exista una alternativa ferroviaria en menos de tres horas, como ocurre en Francia.
La ley adolece de medidas para el medio rural y, según las entidades, debería fijar un plan nacional para el despliegue de puntos de recarga de vehículos eléctricos en pequeños y medianos municipios, y abra la puerta a impulsar la movilidad compartida o el transporte a demanda en localidades de baja densidad de población. “Es una ley muy urbana que no tiene en cuenta el mundo rural”, apuntó Riera.
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