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El PP pide que la Ley de empleo incorpore como colectivos de atención prioritaria a los exreclusos y a las familias numerosas

lunes, 6 de febrero de 2023, 19:53 h (CET)

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)


Una de las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de Ley de empleo, en trámite en la actualidad en el Senado, propone que se incorporen como colectivos de especial atención por tener más dificultades de acceso al mercado laboral a los exreclusos y a las familias numerosas.


El texto será sometido a votación en el Pleno de la Cámara Alta este miércoles, después de que la pasada semana fuera aprobado en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras su paso por el Congreso.


En declaraciones a Servimedia, la senadora popular Teresa Ruiz-Sillero explicó que ella entiende que “es un error” que no aparezcan los exreclusos porque “tradicionalmente siempre han estado dentro de los colectivos vulnerables” en materia de empleo. “Yo creo que incluso ha sido un olvido y para eso estamos, para solucionarlo”, sentenció.


A su juicio, el mercado de trabajo “es uno de los modos que tienen de reinsertarse en la sociedad” e, incluso, “algunos, cuando ya tienen permisos penitenciarios compatibilizan” el cumplimiento de una pena con el desempeño de un puesto de trabajo.


Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron a Servimedia que, independientemente de que se introduzcan los cambios propuestos por el PP durante el trámite parlamentario en el Senado, los derechos de los exreclusos ya están amparados por la legislación vigente en materia de protección a colectivos vulnerables.


Situación distinta es la de las familias numerosas que la propia senadora del PP explicó no han estado incluidas entre los colectivos de especial atención en las políticas de empleo en las leyes.


“Nos parece necesario porque todos queremos y necesitamos trabajar. Pero en una familia numerosa, si falta el empleo, la situación es más complicada”, ahondó Ruiz-Sillero. En su opinión, la situación de estas familias es “difícil” porque sufren más las subidas de precios y debe ser “un colectivo de atención prioritaria”.


Otra de las enmiendas presentada por los populares en la Cámara Alta, según detalló esta senadora, propone que en los procesos de selección no se puedan realizar preguntas de carácter privado sobre la composición familiar, evitando así que pueda haber discriminación por tener varios hijos, una persona con discapacidad o dependencia en la familia o una persona mayor, entre otras circunstancias.


COLECTIVOS PRIORITARIOS


En su redacción actual, el artículo 50 de la Ley de empleo cita a las personas jóvenes especialmente con baja cualificación; desempleados de larga duración; personas con discapacidad; personas con capacidad intelectual límite; personas Lgtbi (en particular trans); mayores de 45 años, y personas migrantes.


También incluye a las personas beneficiarias de protección internacional y solicitantes de protección internacional en los términos establecidos en la normativa específica aplicable; mujeres con baja cualificación; mujeres víctimas de violencia de género; personas en situación de exclusión social; personas gitanas, o pertenecientes a otros grupos poblacionales étnicos o religiosos; trabajadores provenientes de sectores en reestructuración; afectados por drogodependencias y otras adicciones; víctimas del terrorismo, así como personas cuya guardia y tutela sea o haya sido asumida por las administraciones públicas, y descendientes en primer grado de las mujeres víctimas de violencia de género.


Asimismo, la Ley de empleo resalta que los programas específicos y las medidas de acción positiva se reforzarán en los supuestos en que se produzcan situaciones de interseccionalidad.


Respecto al colectivo de personas con discapacidad, se reconocerá mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo a las personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud mental, con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%,, así como las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.


Del mismo modo, en el trámite parlamentario se incorporó en el Congreso una enmienda a propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) por la que se considerará, a efectos de la Ley de empleo, que presentan “una discapacidad en grado igual o superior al 33% las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”. Se modifica así, mediante la disposición final segunda, el texto de la Ley general de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.


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