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MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
La ministra de Igualdad, Irene Montero, insistió este domingo en que el debate sobre las penas de la ley del 'sólo sí es sí’ se ha convertido en uno sobre el consentimiento sexual de las mujeres, y en esta línea rechazó penas distintas si la agresión sexual es con violencia o intimidación o sin ellas. “No vamos a dar ni un paso atrás. El consentimiento no se toca”.
Montero se reafirmó en su tesis en un acto organizado por Podemos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid bajo el lema '¿Consentiste o no? Solo sí es sí', justo cuando el PSOE y el Ministerio de Justicia siguen sin llegar a un acuerdo con el de Igualdad para reformar la ley y tratar de evitar que agresores sexuales sean condenados con penas inferiores a las previas a ella. Los socialistas han anunciado que, en caso de no haber acuerdo, presentarán en los próximos días una iniciativa parlamentaria para modificar el apartado penal de la ley.
La ministra, como su compañera de Gobierno y partido Ione Belarra al inicio del acto, se las arregló para no referirse expresamente al PSOE más que como víctima de las supuestas presiones de la derecha para volver al modelo anterior que distinguía abuso y agresión sexual, el primero sin violencia o intimidación y la segunda con ella.
Sin embargo, aunque había comenzado interpretando que la “ofensiva” contra la Ley de Libertad Sexual era también contra el Gobierno de coalición y la mayoría parlamentaria que lo sustenta, lo cierto es que algunas de sus frases pudieron entenderse como advertencia a su socio de gobierno y la propuesta de reforma de la norma que ultima. Belarra ya había deslizado al comienzo del acto que éste pretendía “decirles a todos los que quieren que nos cansemos que no nos vamos a rendir, que vamos a pelear por defender todos los avances feministas”.
Montero partió de que, en lugar de un debate sobre las “decisiones injustas” de “una minoría de jueces” de rebajar penas a agresores, se ha pasado a “algo mucho más grave, abrir un debate sore el consentimiento otra vez”. En esta línea, se negó a aplazar la supuesta conquista de poner en el centro el consentimiento por detalles técnicos. “Nosotras hemos esperado demasiado y no vamos a dar ni un paso atrás”.
NO SÓLO UN CAMBIO NOMINAL
Por si cupiera alguna duda, y aun amparándose en el texto de una proposición de ley del PP para volver al modelo anterior, Montero dejó claro al PSOE, que pretende una cosa similar, que no le valdrá con mantener un único delito de agresión si luego conlleva penas distintas según haya o no violencia o intimidación. “Las feministas no hemos puesto el cuerpo para cambiar un nombre, sino para cambiar un Código Penal, un sistema judicial completo”, avisó. “No nos vamos a tragar el cambio de nombre, lo que queremos es que el consentimiento siga en el centro”.
Así, aunque, como ayer en otro acto de Podemos en Murcia, la ministra se declaró dispuesta “a reformar la ley, a aceptar las condiciones que el socio mayoritario necesita para salir unidas a hacer frente como Gobierno a esta ofensiva contra la ley”, en realidad rechazó la base de todas las propuestas del PSOE y Justicia, que distinguen las penas según la existencia o no de violencia. “Sólo hay una cosa en la que no vamos a ceder porque no es nuestro patrimonio como ministerio”, puntualizó. “Es el derecho que han conquistado las mujeres: el consentimiento no se toca”.
Montero quiso en todo momento presentar la norma como una conquista colectiva y no una iniciativa personal suya o de su equipo o partido. Por eso situó su origen en el rechazo de muchas feministas contra la sentencia de ‘La manada’, y aseguró que el sistema penal previo a la ley, al pivotar sobre la violencia, preguntaba a las víctimas “cuánto de morado estaba tu cuerpo” y hacía que el 92% de las agredidas “no denunciaban porque tenían miedo a no ser creídas”. En cambio, ahora “no hace falta violencia para que sea agresión sexual”, sino que “basta la ausencia del consentimiento”.
La ministra apostó por “cambiar la cultura de la violación por una del consentimiento”, de forma que a las mujeres se les pregunte si consintieron y no si se resistieron y a los hombres si se aseguraron de que la relación era consentida. Y, al ser ésta, a su juicio, “la principal conquista en política institucional de las feministas en toda la legislatura”, tenía que provocar “una reacción”.
"QUIÉN MANDA AQUÍ"
“Nos están queriendo decir quién manda aquí”, interpretó. “Nos dicen quién va a aplicar la ley: ‘Lo mismo te monto un pollo y termina en derogación”. En este sentido, comparó las objeciones a la norma con que el Tribunal Constitucional arguyera cuestiones técnicas para parar la tramitación de las enmiendas sobre su renovación. Belarra ya hizo lo mismo en su intervención.
Para Montero, “la única modificación legal que hay encima de la mesa” no evitará las rebajas de penas y “busca volver al modelo anterior”. Según lo presentó ella, “nos dicen: ‘habéis querido correr mucho y pasa lo que pasa’”. Pero lo reinterpretó, no como fallos por haberse apresurado en la redacción, sino como que “rompéis las costuras del sistema”. Y por eso remató proclamando que no dará “un paso atrás”.
Eso sí, lo hizo atacando oficialmente al PP, no al PSOE. Así, denunció que “es grave que el Partido Popular esté ofreciendo sus votos a quien le quiera escuchar para volver al modelo de la violencia y la intimidación”. Remontándose a otras iniciativas y declaraciones de los populares contra el feminismo, hasta la del exministro Alberto Ruiz-Gallardón con su ley del aborto, Montero remató: “Señor Feijóo, sólo sí es sí y ni un paso atrás”.
“Están siendo días muy difíciles, porque hay mucha presión para volver al modelo del Partido Popular”, confesó la ministra, tratando de situarse en el mismo bando que el PSOE a pesar de que son los socialistas quienes quieren modificar la norma. Afirmó que la ley “está bien hecha” apelando a que se redactó junto al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y su “equipo espectacular”.
ÚLTIMA PROPUESTA
Sin embargo, fuentes de Igualdad deslizaron que la última propuesta del actual Ministerio Justicia dirigido por Pilar Llop, enviada el viernes, es aún peor que otras anteriores por su redacción sobre la violencia e intimidación, que hace pivotar sobre éstas el tipo de delito por el que se condene al agresor sexual, retirándolo del consentimiento. En Podemos ven a la ministra de Justicia, Pilar Llop, personalmente empeñada en esa vuelta al modelo anterior.
Antes que Montero, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, atacó el sistema legislativo y penal anterior, que dio en llamar el del “no es no” en contraposición a la ‘Ley del sólo sí es sí’, por dejar sin castigar según sus cálculos tres de cada cuatro agresiones sexuales.
Rosell también criticó el “populismo punitivo” y que para probar violencia en una agresión sexual las mujeres tienen que llevar marcas en sus cuerpos y sólo se las cree de verdad cuando están muertas. “El punitivismo es más violencia y nunca hemos arreglado la violencia con más violencia”, sintetizó, argumentando que aísla e individualiza a los agresores privando al problema de su dimensión social.
La delegada contra la Violencia de Género, sin embargo, se ganó sus dos mayores ovaciones del auditorio cuando mencionó que el actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, el jurista Enrique López, comparó la homosexualidad con la zoofilia, y que el exjuez Salvador Alba, hoy en la cárcel por fabricar pruebas falsas contra ella, fue uno de los que planteó recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Violencia de Género de 2004; una reacción que Podemos está queriendo presentar como antecedente de las decisiones judiciales de rebajar penas a violadores.
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