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MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
Los gobiernos autonómicos han lanzado convocatorias de licitaciones por más del 50% de los fondos europeos asignados y han resuelto el 20%, lo que equivale a más de 4.000 millones de euros, mientras que la Administración General del Estado (AGE) ha resuelto más del 80% de sus convocatorias, que corresponde a una inversión de 19.200 millones de euros.
Son datos difundidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tras la reunión este lunes de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, en la que participaron todas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que estuvo presidida por la vicepresidenta primera y responsable de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Según la cartera dirigida por Calviño, España lidera el despliegue del Plan de Recuperación en Europa, como ha avalado la Comisión Europea con dos desembolsos realizados y la solicitud de un tercero, fundamentada en el cumplimiento de hitos y objetivos, cuya valoración positiva se espera que se produzca a mediados del mes de febrero.
En conjunto, ya se han resuelto más de 23.300 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones. A su juicio, los fondos europeos están llegando a la economía, financiando más de 190.000 proyectos, un 45% a empresas.
De hecho, Asuntos Económicos señaló que el despliegue del Plan de Recuperación alcanzó la velocidad de crucero en 2022, con un ritmo de convocatorias y licitaciones de 2.000 millones de euros al mes que se ha acelerado en el arranque de año al haberse comprometido 3.000 millones de euros, el 13% del total del presupuesto asignado para el ejercicio.
Ya se han transferido a través de 130 conferencias sectoriales más de 20.500 millones de euros a las comunidades autónomas, a los que se suman las licitaciones del Estado resueltas en las que han participado otras administraciones. En detalle, se han transferido 4.900 millones de euros de los fondos europeos a los ayuntamientos y otros 2.600 millones a las comunidades autónomas.
El Plan de Recuperación está cumpliendo sus principales objetivos: acelerar la transición verde y la transición digital, así como reforzar la cohesión social y territorial. Cerca de la mitad de las convocatorias totales corresponde a proyectos verdes o digitales, entre los que destacan el programa de rehabilitación energética de edificios, el programa de apoyo al transporte sostenible, como el Moves III para facilitar el acceso a vehículos eléctricos, que cuenta ya con 18.000 beneficiarios y el Kit Digital, para la digitalización de pymes de entre 0 y 49 empleados, que acumula más de 140.400 ayudas concedidas.
En este sentido, el 69% de los fondos asignados se ha dirigido a empresas, con una distribución muy capilar por el territorio que alcanza también a las empresas de provincias con menor densidad de población como Soria, Huesca o Teruel, que presentan los valores más altos de número de empresas beneficiarias por cada 1.000 empresas.
Además, Economía subrayó que con la Adenda al Plan de Recuperación se pretende reforzar el apoyo financiero a las empresas, con especial atención a las pymes, con la canalización a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 15.000 millones de euros en préstamos a través, entre otros instrumentos, de una nueva Línea ICO-Verde que financiará inversiones en energías renovables, eficiencia energética y economía circular.
Con la Adenda está prevista la movilización de 94.300 millones de euros (7.700 millones de euros en transferencias adicionales y hasta 84.000 millones de euros en préstamos y 2.600 millones de euros previstos de transferencias del nuevo instrumento RePowerEU).
PRIORIDADES
Según Asuntos Económicos, los representantes autonómicos manifestaron su acuerdo en la visión y prioridades fijadas con la Adenda sobre la concentración de las inversiones en la industrialización y la autonomía estratégica en cinco ámbitos (energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital), así como sobre los nuevos programas de asistencia técnica y microacreditaciones, con el fin de seguir agilizando el despliegue de las inversiones, especialmente los proyectos estratégicos (Perte).
En esta línea, quedó patente el acuerdo unánime para impulsar los Perte y la buena acogida al nuevo Perte para la descarbonización de la industria. Se ha informado sobre las gestiones para agilizar los procedimientos de ayudas de Estado y el nombramiento de los Comisionados, para centralizar los contactos para las empresas y proyectos concretos.
También se acordó celebrar una nueva reunión técnica para trabajar con más detalle en la articulación de un posible fondo que canalice los préstamos para inversiones sostenibles de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta el sistema de financiación autonómica y la necesidad de garantizar la neutralidad fiscal.
En este punto, Economía incidió en que la ejecución del Plan de Recuperación junto con la Adenda permitirá incrementar el nivel del Producto Interior Bruto (PIB) hasta 3 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031.
“En línea con el intenso proceso de diálogo y cogobernanza, El Gobierno incorporará las propuestas de administraciones territoriales, agentes económicos y sociales antes de enviar la Adenda a Bruselas”, explicó el departamento dirigido por Nadia Calviño. La próxima semana se celebrará una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social dedicada específicamente al Plan de Recuperación.
Durante la reunión también se señaló el inicio de los trabajos del Observatorio de Buenas Prácticas y la Comisión Local para la mejora de la regulación, cuya puesta en marcha se acordó en la Conferencia Sectorial celebrada el pasado mes de diciembre. Dicho grupo de trabajo se reunirá en este primer trimestre del año para examinar un primer borrador de la nueva ordenanza tipo de comercio minorista.
Por último, Gobierno y comunidades autónomas coincidieron en señalar que es el momento de identificar aquellos proyectos que pueden tener una mayor dificultad de ejecución para proceder a reasignar los fondos y en la necesidad de garantizar el aprovechamiento del 100% de los fondos europeos.
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