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MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
La Plataforma de Infancia explicitó este lunes sus exigencias al Gobierno y a los grupos políticos con representación parlamentaria ante el último año de legislatura. Entre ellas, situó la aprobación de una prestación para la crianza universal, la ampliación de los permisos de nacimiento y parentales, la reforma del procedimiento de determinación de la edad de acuerdo con los dictámenes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la creación de juzgados y de una Fiscalía especializada en violencia contra los menores y la puesta en marcha de medidas efectivas para promover el acogimiento familiar.
Lo hizo a través de un comunicado en el que recordó que el ‘Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia 2022’ pone de manifiesto que el crecimiento del riesgo de pobreza entre la población infantil es “sostenido”, como lo evidencia que el 28,9% de los menores vive en situación de pobreza monetaria.
En ese sentido, la responsable de Incidencia Política de la organización, Almudena Escorial, alertó de que “2023 es el año en el que estamos viendo cómo los niños, niñas y adolescentes son quienes más están sufriendo el encadenamiento de crisis económicas, sanitarias y sociales”.
A pesar de reconocer los avances en el desarrollo legislativo, políticas y sensibilización en derechos en los últimos años, la Plataforma de Infancia denunció que “las carencias de las políticas públicas de ayuda a la crianza siguen teniendo un impacto en el bienestar de la infancia”.
Por esa razón, reclamó el desarrollo de una ayuda a la crianza de carácter universal a través de deducciones fiscales, que posibilite “reducir la desigualdad en el acceso a beneficios fiscales por parte de los hogares con rentas más bajas y prevenir y reducir la pobreza infantil”.
Del mismo modo, conminó a “trabajar para conseguir la aplicación efectiva y homogénea” de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) en toda España, e instó a crear los juzgados y la Fiscalía especializada en violencia contra la infancia que esta norma prevé.
Por último, exhortó a culminar la elaboración del nuevo procedimiento de evaluación de la edad, incorporando “plenamente” los dictámenes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las recomendaciones del Defensor del Pueblo, para atender la situación de la infancia migrante no acompañada y las “carencias” en la protección de sus derechos.
Por todo ello, el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, defendió que “2023 debe ser un punto de inflexión para materializar los compromisos adquiridos en materia de protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en los últimos años”.
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