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MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros autorizó este lunes al Ministerio de Trabajo y Economía Social a realizar una contribución voluntaria de 81.360 euros a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para luchar por que el empleo doméstico sea un “trabajo decente”.
En concreto, el proyecto ‘Hacer del trabajo doméstico un trabajo decente. Invertir en cuidados: Una agenda común’, de la OIT, aborda las vulneraciones de derechos que todavía sufren los empleados domésticos.
En este informe, la OIT subrayó en 2021 los avances logrados gracias al Convenio 189 de este organismo, que protege los derechos de las personas trabajadoras de hogar y de cuya adopción se cumplió una década el pasado ejercicio.
No obstante, alertó también de que más de 75 millones de personas de todo el mundo son trabajadores del hogar y, de ellos, en torno al 80% desarrollan su labor de manera informal, por lo que no cuentan con una protección “efectiva” de sus derechos.
Precisamente, España ha ratificado este año el Convenio 189 y el Parlamento ha aprobado este verano una legislación impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social por la que se reconocen derechos de los empleados de hogar. Principalmente, el texto acaba con la “discriminación” que suponía el hecho de que este colectivo estuviera excluido de la prestación por desempleo.
En concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en febrero de este año que suponía una discriminación por razón de género, al quedar fuera de esta protección social un sector mayoritariamente feminizado, lo que afectaba de forma amplia a las mujeres.
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