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MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Justicia negó este lunes que en el anteproyecto de Ley de Trata que prepara el Gobierno se recoja que las víctimas vayan a tener que denunciar su caso para acceder a permisos de residencia y laboral, como ha trasladado el Ministerio de Igualdad.
Fuentes de Justicia informaron a Servimedia de que no es cierto que esta exigencia de denuncia a las víctimas figure en el texto legal que se ha elaborado y que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dicho que irá al Consejo de Ministros de este martes.
Sánchez se refirió a esta cuestión este lunes, durante un homenaje a la escritora Almudena Grandes. El presidente señaló que la norma que se verá este martes en La Moncloa busca “avanzar en la lucha contra las mafias" contra el tráfico de mujeres y hombres "y sobre todo niñas y niños".
A este respecto, fuentes de Igualdad aseguraron esta jornada que el anteproyecto elaborado "es insuficiente", ya que Justicia no ha aceptado que las víctimas puedan acceder a un permiso de residencia o laboral si no han denunciado su caso.
LEY INTEGRAL
Desde el departamento de Pilar Llop se negó que se vaya a exigir a las víctimas denunciar su caso, al tiempo que indicaron que los pormenores de este aspecto se explicarán cuando la norma sea presentada en el Consejo de Ministros.
El texto elaborado es una ley integral para ayudar a las víctimas de todas las modalidades de trata, lo que incluye no solo a las que son objeto de explotación sexual, sino las que pueden ser objeto de explotación laboral o de prácticas como la mendicidad obligada. Así es como lo contempla el Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de seres humanos (Greta).
La Ley de Trata está siendo elaborada por varios ministerios del Gobierno, entre ellos Justicia e Igualdad, al tiempo que están haciendo aportaciones distintos áreas del Ejecutivo debido a la complejidad de la norma.
En este sentido, Llop creó en marzo pasado un grupo de expertos para preparar este texto legal. El mismo estaba formado por miembros de las diferentes Secciones de la Comisión General de Codificación, dependiente de Justicia, y por representantes de de los ministerios de Interior, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Igualdad, Trabajo y Economía Social, Derechos Sociales y Agenda 2030, Hacienda y Función Pública.
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