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MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, afirmó este viernes que espera que la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero esté creada en la primera parte del año que viene.
En la rueda de prensa para exponer el acuerdo con la banca para garantizar el acceso presencial a servicios financieros en los municipios donde no existen, Calviño fue preguntada por este organismo, pendiente de ver la luz definitivamente.
El pasado mes de abril, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros, en primera vuelta, la creación de este organismo, y está pendiente de pasar en segunda vuelta y comenzar el trámite parlamentario para finalmente comenzar a operar.
Calviño comentó que está finalizando el proceso de consulta para llevarlo nuevamente al Consejo de Ministros. Detalló que quedan pendientes informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Económico y Social (CES) y otros preceptivos, para dirigirse al Consejo de Estado.
“Estamos acelerando al máximo los plazos”, aseguró, y confió en que la tramitación parlamentaria sea “muy ágil” por la “importancia social” de este nuevo organismo.
El nuevo organismo se crea para “complementar” el sistema institucional de resolución de reclamaciones en el ámbito financiero y que sus resoluciones “se dicten con celeridad, atendiendo a criterios uniformes y de carácter vinculante para las entidades financieras en reclamaciones inferiores a 20.000 euros”. Las entidades financieras deberán aportar una tasa de 250 euros por reclamación admitida.
Integrará los actuales servicios de reclamaciones de los organismos supervisores -Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones- que dejarán de realizar estas funciones y tendrá la finalidad de resolver reclamaciones contra incumplimientos de las normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros o la abusividad de cláusulas contractuales, según justifica el texto.
El anteproyecto de ley que se sometió a información pública recoge que el reclamante podrá ser multado con hasta 1.000 euros “cuando se aprecie temeridad o mala fe en la interposición de la reclamación” y cuando se hubieran desestimado totalmente las pretensiones en su reclamación.
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