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MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
La mayoría de partidos del Pleno del Congreso de los Diputados mostraron su rechazo a una proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en la que se insta al Gobierno, entre otras medidas, a fijar por ley, desde el 1 de enero de 2022, que los sueldos inferiores a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) suban con el IPC de cada comunidad autónoma.
El texto, que fue rechazado por las dos formaciones de la coalición de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), el PP, Vox, PNV, Ciudadanos y el PDeCat, no podrá salir adelante en la votación del jueves, ya que sólo mostraron su respaldo al mismo partidos como Bildu, BNG y Compromís.
Junto al incremento de los salarios inferiores a tres veces el SMI, la proposición no de ley de Esquerra plantea crear con cargo a los Presupuestos Generales del Estado un fondo suficiente para financiar, mediante transferencias corrientes a las administraciones competentes, el incremento de los salarios de todos los trabajadores del sector público en porcentaje equivalente a la variación interanual del IPC de su comunidad autónoma, con efectos 1 de enero de 2023.
También apuesta por “adoptar las iniciativas legislativas necesarias para incrementar el Indicador Público de Efectos de Rentas Múltiples (Iprem) hasta la cantidad equivalente al umbral de pobreza propio de cada comunidad autónoma, con el fin de garantizar unas condiciones materiales de existencia suficientes y dignas para las personas perceptoras de prestaciones asistenciales y demás políticas sociales vinculadas a tal índice”.
UN GRITO DE ALERTA
En la defensa de la proposición no de ley, el diputado de Esquerra Jordi Salvador lamentó que la inflación en España es cuatro veces mayor del crecimiento medio de los salarios y avisó de que el alza de precios se estaba produciendo también antes de la invasión de Ucrania por parte de Putin.
“Tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ya”, dijo Salvador, quien alertó de que la proposición no de ley es “un grito de alerta” para decir al Gobierno que “de lo que hagamos va a depender la calidad de vida” de muchas personas en las próximas décadas. También se mostró “harto” y “cansado” de “palabrería” y defendió: “subamos los salarios por ley, tanto como la inflación”.
A su juicio, decir que subir salarios alimenta la inflación “descalifica” a quien lo dice. “El diálogo social está muy bien, pero hay una CEOE que ha vivido muy bien en los últimos 12 o 14 años”, agregó Salvador, quien advirtió de que si llega al Ejecutivo la derecha “no habrá tanto diálogo”, por lo que urgió al Gobierno actual a “aprovechar el momento”, porque se trata de “hacer justicia”.
OPORTUNISTA
Desde el Grupo Socialista, María Inmaculada Oria tildó la proposición no de ley de “oportunista” porque, según explicó, plantea cuestiones que son competencia del diálogo social, como es la fijación de las subidas salariales en convenios colectivos. Recordó que el único salario que fija el Gobierno es el SMI.
Asimismo, indicó que no pueden compartir que se “sustraiga” la capacidad de negociación colectiva y auguró que si se crea un fondo de contingencia para compensar el alza de los salarios públicos de las administraciones territoriales podría haber gobiernos que, como el de Moreno Bonilla, utilizara los fondos para bajar los impuestos a los ciudadanos con más recursos. “Frente a la imposición autoritaria, diálogo social y diálogo político… obras son amores y no buenas intenciones”, sentenció la representante socialista.
Mientras, el parlamentario del PP Tomás Cabezón contrapuso las propuestas de su partido frente al Ejecutivo que “cede” ante formaciones independentistas y “populistas”. En su opinión, “el gran mérito del Gobierno” es “pasar” de los trabajadores y alertó de que se ha llegado hasta aquí porque el Ejecutivo “se negó a adoptar medidas a tiempo” a pesar de las peticiones del PP.
Por ello, se dirigió a Esquerra para plantearles que “si realmente quieren aliviar la insostenible situación de muchos españoles, convenzan al Gobierno para que siga copiando las medidas propuestas por Alberto Núñez Feijóo”.
Cabezón insistió en solicitar medidas como la deflactación del IRPF, al menos en los tres primeros tramos y reducir el IVA de productos fundamentales. “Eso sí sería pensar en los españoles”, aseveró.
Por su parte, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe defendió que los trabajadores “merecen” que se adopten medidas para asegurar “salarios dignos y justos”, aunque avisó de que la propuesta tiene importantes “limitaciones legales”. No obstante, criticó al Gobierno por no impulsar medidas como la deflactación del IRPF y mostró la predisposición de Vox para identificar y corregir partidas presupuestarias en las que se produce “derroche” de dinero público.
NO SON LOS CULPABLES
Desde Unidas Podemos, Marisa Saavedra indicó que de la pandemia se ha salido evitando que el coste recayera sobre las personas más vulnerables y añadió que “por desgracia” la invasión de Ucrania “truncó” la recuperación por el alza de la inflación. Además, aseguró que “los salarios no son los culpables de la inflación” y denunció que “la patronal está denunciando sus beneficios” mientras “mantiene bloqueada” la negociación colectiva para subir salarios.
En paralelo, María Muñoz, de Ciudadanos, afirmó que la clave es alcanzar un pacto de rentas porque la inflación la pagan todos y es “el impuesto de la pobreza, que siempre castiga más duro a quienes menos tienen” y es la “madre del paro y la ladrona invisible de la gente que ahorra”.
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