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MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) denuncia el desconocimiento y los prejuicios que todavía hoy persisten sobre las lenguas de signos españolas y cómo esto afecta a su comunidad lingüística. Así lo puso de manifiesto la entidad con motivo de la celebración mañana viernes, 23 de septiembre, del Día Internacional de las Lenguas de Signos, una fecha que Naciones Unidas declaró a fin de instar a los gobiernos de los diferentes países a fomentar estas lenguas y poner de relieve su papel fundamental en el cumplimiento de los derechos humanos y ciudadanos de este colectivo.
En España, según apunta la CNSE, la ley 27/2007 reconoce legalmente la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Existe legislación autonómica específica sobre la lengua de signos en dos leyes autonómicas y ochos estatutos de autonomía, y una abundante normativa que contempla esta lengua de manera transversal.
Un amplio respaldo legal que, en opinión de su presidente, Roberto Suárez, no se traslada a la práctica. “La lengua de signos tiene un impacto real en la vida de las personas sordas”, ha explicado. “De poco sirve su reconocimiento, si se nos priva de su ejercicio”, indicó.
Para Suárez, el hecho de que la lengua de signos no sea la lengua mayoritaria de un país, no significa que tenga menos valor que las lenguas que sí lo son: “Se trata de la lengua natural de muchas personas sordas y sordociegas, y posee la misma funcionalidad para pensar, comunicar y manejar cualquier concepto que cualquier otra”.
Suárez insistió en que se agilice la tramitación del reglamento que desarrolla la ley 27/2007, de tal modo que se garantice la presencia de la lengua de signos allí donde haya una persona sorda y no se la discrimine por el hecho de utilizarla. “Necesitamos políticas públicas contundentes que avalen nuestros derechos lingüísticos en todas las etapas y ámbitos de la vida”, comentó.
Para el presidente de la CNSE, negar el uso de la lengua de signos a una persona sorda es limitar el ejercicio de sus derechos, ponerle barreras, dificultar su participación y su acceso al mundo, y condenarle al ostracismo: “La privación lingüística es un atentado contra la dignidad de este colectivo”.
Otra medida que propone la Confederación para favorecer la protección, promoción y preservación de las lenguas de signos, es su inclusión en el artículo 3 de la Constitución Española al mismo nivel que el resto de las lenguas del Estado. “Ya son 15 las Constituciones de todo el mundo que hacen referencia explícita a la lengua de signos”, señaló el presidente de la CNSE. “Confiamos en que la española sea la decimosexta”, añadió.
Para Suárez, “dado que España asumirá en julio de 2023 la presidencia de la UE, sería un gran gesto que nuestro Gobierno defendiera una propuesta firme para introducir las lenguas de signos de Europa bajo la protección de la Carta, tal y como se acordó, por unanimidad, en el Senado”.
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