|
MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
La Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, Cermi Comunidad de Madrid, Cruz Roja Madrid, Cáritas Madrid y la Coordinadora del Tercer Sector manifestaron a la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, “su enorme preocupación por el nuevo marco normativo aprobado, sin consenso previo, por parte de la Consejería” que regula las ayudas y subvenciones a entidades sociales sin ánimo de lucro con cargo al 0,7% del IRPF y del Impuesto de Sociedades en su tramo autonómico.
Estas entidades recordaron que se trata de una convocatoria “de vital importancia que regula la práctica totalidad de ayudas y financiación de los programas del Tercer Sector de Acción Social, para el próximo ejercicio 2023”, que atienden a más de 200.000 personas vulnerables en toda la comunidad autónoma anualmente.
En una reunión con la consejera pusieron de manifiesto la unión de todo el Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, que presta apoyos y servicios a personas sin hogar, personas mayores, con discapacidad, migrantes, infancia, mujeres víctimas de violencia de género y personas Lgtbi, y que trabaja de forma coordinada defendiendo los derechos y apoyos de las personas más vulnerables.
“La Comunidad de Madrid, en una situación de crisis económica en aumento, ocasionada por una inflación constante y al alza que está asfixiando en su día a día a la ciudadanía madrileña, lanza unas bases donde no se tienen en cuenta las verdaderas necesidades ni se pone el foco en la realidad social, como por ejemplo priorizando municipios pequeños de menos de 5.000 habitantes, limitando las posibilidades de atención por parte de las entidades sociales o elevando el porcentaje de criterios subjetivos a un 80% poniendo en peligro programas de sectores clave como la pobreza, la discapacidad y la atención a la población vulnerable”, denuncian las organizaciones.
Ante esta norma, publicada el pasado 30 de junio en el BOCM, las entidades demandaron a la consejera que “dé marcha atrás” y, de manera organizada, remitieron un documento unitario con peticiones de cambios urgentes y solicitaron que se pueda consensuar de manera urgente un nuevo marco.
Las organizaciones del sector, que no descartan tener que impugnar la orden de bases y el resto de normativa ante el TSJM, insistieron en la importancia e impacto en la población más vulnerable que estas ayudas (las únicas que se eligen por la sociedad al marcar la casilla social en la declaración de hacienda) tienen hacia las personas que más lo necesitan.
| 
