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El Congreso respalda el tope al gas que se aplicará desde el 14 de junio

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 9 de junio de 2022, 15:04 h (CET)

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)


Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados mostraron su apoyo mayoritario a la convalidación del real decreto ley que incluye el mecanismo ibérico para limitar el precio del gas y rebajar la electricidad, una medida que iniciará su aplicación el próximo 14 de junio en la subasta y tendrá efecto en el precio de la luz del día siguiente, tras recibir ayer el visto bueno de la Comisión Europea.


En la defensa del real decreto ley que incluye este mecanismo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, señaló que se trata de una medida “necesaria y capital para reducir la factura eléctrica de las familias y de las empresas”.


Además, valoró que es “la primera vez que se autoriza una excepción como la que se regula en este real decreto ley que permite desacoplar de manera temporal y extraordinaria el precio del gas en la formación del precio de la electricidad”.


También afirmó que es “esencial” para mitigar los efectos que desde el verano de 2021 ha provocado “una crisis sin precedentes particularmente compleja en lo relativo al precio del gas que se ha multiplicado por cinco en un año”, a lo que se sumó “la invasión de Ucrania que tensiona aún más una situación ya de por si bastante compleja”. “Es una situación insostenible”, prosiguió Ribera, quien apuntó que el precio de la electricidad se ha multiplicado por dos en comparación con 2021 y por cuatro si se compara con 2019.


Además del PSOE y Unidas Podemos, anunciaron su voto favorable Ciudadanos, EH Bildu, PNV, PDeCAT o PRC, mientras que el PP y JXC abogaron por abstenerse.


Aunque se va a abstener, en nombre del PP, Guillermo Mariscal, criticó “el error más” cometido con Argelia y afirmó que el tope al gas es reflejo de “un fracaso” por la falta de interconexiones y por el cierre del carbón. También se abstendrá Junts porque, según explicó su portavoz Pilar Calvo, esta formación “tiene muchas dudas sobre el impacto real del decreto” que calificó como “denso y opaco”.


Por su parte, la portavoz de Vox, Mireia Borrás, dio a entender el voto en contra de su formación porque se trata de “un nuevo juego de trileros del Gobierno” y advirtió de que “no va a servir para nada”. También alertó de que “está en riesgo el suministro del gas” por las discrepancias con Argelia y abogó por potenciar el 'fracking' y el carbón.


Entre las restantes formaciones que anunciaron su voto en contra, el portavoz de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, mostró su rechazo a la “gestión calamitosa” de la vicepresidenta Ribera en la que enmarcó esta medida y el portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, denunció que supone "una intromisión a la política energética de Canarias” por facilitar la instalación de regasificadoras en el archipiélago.


LA MEDIDA


Con una duración de 12 meses, el tope al gas se aplicará durante el próximo invierno, período en el que los precios de la energía son más caros. En concreto, su vigencia vence el 31 de mayo de 2023.


A grandes rasgos, la medida, que tendrá un coste de 6.300 millones de euros por la subvención a los ciclos combinados, emplea una fórmula matemática para limitar el precio del gas consumido por las centrales térmicas que es repercutido en las ofertas que fijan el precio del mercado mayorista de la electricidad, también conocido como pool.


Establece un precio de referencia del gas de 40 euros por megavatio hora (MWh) durante seis meses, que se incrementa en 5 euros por MWh al mes a partir de entonces, terminando en 70 euros para que haya una convergencia a la normalidad.


El precio de la electricidad resultante tras aplicar el mecanismo dependerá, principalmente, del precio del gas en el Mercado Ibérico del Gas (MibGas) y del precio del CO2.


Considerando 96 euros MWh para el gas y 80 euros tonelada para el CO2, el mecanismo dejará el precio medio del pool en menos de 130 euros MWh durante los 12 meses, frente a los más de 210 euros por MWh que se registrarían en su ausencia. De este modo, la única electricidad que los consumidores pagarán a coste de gas será la producida con centrales de gas.


Esta reducción beneficiará a todos los consumidores de electricidad, tanto a los que tengan contratos con precios variables, indexados al pool -como el PVPC-, que lo notarán inmediatamente, como a los que tengan contratos con precios fijos, que lo percibirán si los renuevan o los cambian durante el año de vigencia del mecanismo. Únicamente los consumidores con contratos a precios fijos a largo plazo que venzan después del año de aplicación de la medida no se verán afectados.


Así, el 37% de los hogares, acogidos al PVPC, experimentarán una reducción inmediata en las facturas. En el caso de la industria, la rebaja dependerá del grado de indexación al pool de sus suministros energéticos, normalmente mayoritarios. Para los demás consumidores, con contratos de precio fijo, la rebaja final dependerá de las condiciones pactadas con la compañía eléctrica, pero obtendrán precios más bajos porque la medida reduce los precios mayoristas que sirven de referencia.


Este efecto reductor en cascada también ayudará a contener el IPC, afectado por las tensiones en los costes energéticos. En concreto, El Gobierno estima que la inflación puede bajar entre ocho décimas y un punto porcentual.


Las centrales térmicas de gas, los ciclos combinados, seguirán cobrando lo necesario para garantizar el suministro eléctrico. Este coste se repercutirá únicamente sobre los consumidores beneficiados por la medida en cada momento y siempre será menor que el ahorro final proporcionado por ella.


Adicionalmente, la rebaja de los precios del pool recortará los beneficios extraordinarios que están obteniendo las empresas generadoras de electricidad con la coyuntura actual. La medida es complementaria con la minoración de gas, para frenar la escalada de precios y revertir parte de esos beneficios extraordinarios a los consumidores.


El real decreto ley también incluye el mandato de modificar la metodología de cálculo del PVPC para incorporar referencias basadas en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario. De este modo se combinará la estabilidad con incentivos para la eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión de la demanda. Se prevé que el nuevo PVPC empiece a aplicarse desde el inicio de 2023.


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