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MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la conocida como ‘ley Zerolo’, que incluye la modificación del artículo 22 del Código Penal para tipificar el antigitanismo como delito específico. La norma iniciará ahora su tramitación en el Senado.
Lo hizo por 294 votos a favor y 50 abstenciones, correspondientes a los diputados de Vox, que consideraron que la protección del pueblo gitano está lo suficientemente garantizada en las normas ya en vigor.
Esta modificación se ha incluido en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, conocida como ‘ley Zerolo’, cuyo contenido fue aprobado el pasado mes de abril en la Comisión de Igualdad, que tenía competencia legislativa plena para aprobar la norma.
Sin embargo, al incorporar la modificación de una materia orgánica, como es el Código Penal, ha tenido que ser ratificada en el Pleno del Congreso de los Diputados.
De este modo, el artículo 22 del Código Penal quedará redactado de la siguiente manera: “Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta”.
Así pues, quienes públicamente promuevan o inciten al odio, discriminación o a la violencia contra los gitanos; quienes elaboren o posean, con la finalidad de distribuir a terceras personas, escritos o cualquier otra clase de material que por su contenido incite o fomente al odio, serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.
También se castigará con esas penas a quienes públicamente nieguen o enaltezcan los delitos de genocidio y de lesa humanidad contra el pueblo gitano.
Por otra parte, quienes lesionen la dignidad de las personas gitanas mediante acciones que entrañen humillación y quienes enaltezcan o justifiquen, por cualquier medio de expresión pública o de difusión, los delitos que hubieran sido cometidos contra los gitanos, serán castigados con una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de seis a doce meses.
“GRAN AVANCE”
En el turno de fijación de posiciones, la diputada socialista Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes destacó que el pueblo gitano, al que pertenece, “ha sufrido 250 normas represivas a lo largo de 600 años”, cuya finalidad ha sido la de “asimilarnos o exterminarnos”. Celebró que hoy se asista a “la pequeña victoria de un pueblo”, a pesar de lo cual avisó de que “esto no es un punto y final en la lucha por la libertad, sino el camino del inicio de la lucha por conseguir ser ciudadanos de primera”.
Ana María Zurita (PP) justificó el apoyo de su partido a esta modificación por dos “cuestiones fundamentales”: por el compromiso con el pueblo gitano y por la seguridad que éste tendrá de que los delitos de odio que sufra serán castigados.
No obstante, recordó que el conjunto de la ‘ley Zerolo’ “no es del agrado del PP”, ya que “únicamente tiene como objetivo que el PSOE contente a sus socios para continuar un ratito más en el poder”.
Ismael Cortés, diputado de Podemos y miembro del pueblo gitano, comentó que hoy “resarcimos parcialmente 600 años de opresión y persecución” contra este colectivo, y reseñó que la modificación del Código Penal es “un primer paso para reconstruir la hermandad de los pueblos y la confianza del pueblo gitano con las instituciones del Estado”.
María Carvalho (ERC) lamentó que el antigitanismo sea “estructural”, si bien puso de manifiesto que “hoy, esta democracia imperfecta es un poco mejor”, Pilar Calvo (Junts) indicó que “se salda una deuda histórica con el pueblo romaní”, y Néstor Rego (BNG) mostró su confianza en que esta modificación del Código Penal sirva para “acabar de una vez por todas con siglos de discriminación del pueblo gitano”.
A su vez, Sara Giménez, diputada de Ciudadanos y miembro del pueblo gitano, recordó la discriminación que sufre este colectivo a la hora de acceder a una vivienda o a un puesto de trabajo, por lo que consideró un “gran avance” la modificación del Código Penal para incluir el antigitanismo como delito.
Joseba Agirretxea (PNV) se congratuló de dar un “paso importante” para que la democracia incorpore a sus leyes el antigitanismo, y Mertxe Aizpurua (EH Bildu) y Mireia Vehí (CUP) advirtieron de la necesidad de desarrollar políticas públicas de inclusión.
VERSO SUELTO
La nota discordante en el debate la puso la diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio, quien comentó que la legislación vigente y la jurisprudencia de los tribunales protegen al pueblo gitano de “una eventual discriminación”.
Por ello, dijo que su partido está en contra de incluir el antigitanismo en el Código Penal “por redundante”. No obstante, reseñó que Vox no se opondría a esta modificación a pesar de estar en contra de “victimizar o colectivizar a la gente”.
Tras reivindicar la “identidad del pueblo gitano”, manifestó que la modificación del Código Penal no busca “castigar la discriminación” de este colectivo, sino promover el “odio”, “incitar la “desigualdad”, “atropellar los derechos fundamentales” y traer “la ruina y la muerte”, con las que, según su punta de vista, “están obsesionados” el Gobierno y los partidos que le apoyan.
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