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MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves, por 201 votos a favor, 140 votos en contra y tres abstenciones el Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocido como ‘ley del solo sí es sí’, que deberá ser ahora tramitado en el Senado.
El dictamen de Comisión aprobado por el Pleno incluye una enmienda del Grupo Mixto, otra del Grupo Vasco, una más del Grupo Republicano y una transaccional de los grupos socialista, Unidas Podemos, Republicano y Vasco que establece la imposición de la obligación de someterse a programas formativos de educación sexual y de educación en igualdad a menores que hayan cometido este tipo de delitos.
El objeto de esta Ley Orgánica es la garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la "erradicación" de todas las violencias sexuales, la adopción y puesta en práctica de políticas "efectivas, globales y coordinadas" entre las distintas administraciones públicas competentes, a nivel estatal y autonómico, que "garanticen la sensibilización, prevención, detección y la sanción de las violencias sexuales", tal y como recoge su Título Preliminar.
En el transcurso del debate, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se congratuló de que la norma, y con ella, la libertad sexual en España, “va a ser una realidad a pesar del ruido reaccionario, de la extrema derecha, de los agresores y también a pesar de la justicia patriarcal”, por lo que se trata de “un día muy importante para las mujeres en nuestro país”, en el que el movimiento feminista “vuelve a hacer historia”.
“Se lo debíamos a cada una de las víctimas”, afirmó, para valorar que “el ‘solo sí es sí’, el ‘hermana, yo sí te creo’, por fin se convierte en una ley”. “La libertad sexual va a ser, por fin, un derecho en nuestro país y vamos a cambiar la violencia por la libertad y el miedo por el deseo”, añadió, convencida de que España “es, desde hoy, un país más libre y seguro para todas las mujeres”.
“Estoy muy orgullosa de que hoy, juntas, hayamos conseguido un amplio acuerdo”, abundó, convencida de que este jueves “todas las mujeres que algún día salieron a las calles a gritar ‘hermana, yo sí te creo’, ‘hermana, aquí está tu manada’ y ‘sólo si es sí', millones de mujeres, saben que esta ley es suya y se aprueba hoy gracias a ellas”.
Montero se congratuló de que esta ley “reconoce que las violencias sexuales son violencias machistas”. “Algo tan evidente, hasta ahora no estaba reconocido por la legalidad vigente en nuestro país”, lamentó, para subrayar que las agresiones sexuales, el acoso sexual, el acoso callejero, el exhibicionismo, el feminicidio sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la violencia digital y la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual “son reconocidas como forma de violencia contra las mujeres”.
Por el PSOE, la diputada Laura Berja aseguró que “es una buena ley”, pero “se queda corta” porque no permite “dar respuesta a toda forma de violencia sexual contra las mujeres y a todas las víctimas”. “Una ley que garantiza la libertad sexual no debería dejar fuera a las víctimas de prostitución”, insistió, para confesar que el PSOE “quería que esta ley fuese más ambiciosa” y justificar la “enmienda valiente” que presentó para avanzar hacia la abolición de esta actividad que representa “una violencia inadmisible”.
“En esta ley estamos incorporando una contradicción que es irreparable, porque, por un lado, decimos que el consentimiento de las mujeres es la base para determinar la agresión sexual, pero, por otro, todos ustedes dicen sí a la prostitución”, espetó, para asegurar que el PSOE “está con las mujeres en situación de prostitución y tiene clarísimo que va a perseguir a puteros y proxenetas”.
Por Vox, Carla Toscano denunció la “defensa fanática y ciega de la mujer” que hace el Gobierno, con una ley cuya “alma es el odio al hombre” y “es la ley del no a derechos fundamentales, a la verdad y a frenar las manadas de inmigrantes ilegales”, además de un “arma peligrosísima para que cualquier mujer se vengue o destroce la vida de un inocente con mentiras” y para adoctrinar e “inculcar” a los hijos “el miedo al hombre”.
Por el PP, la parlamentaria Marta González denunció que el Ministerio de Igualdad haya querido “pasar de puntillas por el gran debate del feminismo” que es, según su punto de vista, la prostitución, y señaló que aquellos que se lucran con su ejercicio “pueden agradecer la impunidad en la que seguirán realizando sus siniestras actividades”, que definió como una “horrorosa forma de esclavitud contemporánea”.
Tras admitir que la aprobada este jueves “no es la ley que le gustaría al PP” y “por eso no puede apoyarla”, criticó, entre otras cuestiones, que el texto “pone en riesgo la presunción de inocencia sobre la que se asienta todo nuestro derecho penal”, porque, con la nueva definición del consentimiento, tendrá que ser el denunciado quien “tenga que demostrar que en la relación ha habido consentimiento y no a la inversa”, lo cual “no liberará a la víctima de la revictimización como el Gobierno dice”.
Por Unidas Podemos, Sofía Fernández replicó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que “querer volver a casa sin que nos agredan sexualmente ni nos violen no es de malcriadas”. “La libertad no es tomarse unas cañas, es no tener miedo cuando vuelves a casa después”, añadió, para espetar que “reclamar libertad y ciudadanía de pleno derecho no es de malcriadas, es de demócratas”, por lo que le exigió que “deje de culpabilizar a las mujeres”.
La diputada defendió que se trata de una ley “integral” que convierte en “realidad” la ley en la que comenzó a trabajar su grupo en 2018, instó a “pensar “en todas las mujeres que han sufrido la violencia sexual, han roto el poderoso silencio cómplice patriarcal y se han expuesto a un proceso que las revictimizaba, exigiendo una justicia que era para todas”, incidiendo en que la nueva ley “existe por cada mujer que habló, por cada mujer que salió a la calle y que dijo ‘tranquila hermana, aquí está tu manada”, además de por las expertas que alertaron de la existencia de “un sesgo patriarcal en la justicia” y por el movimiento feminista, cuyo “mandato no puede seguir desoyéndose”.
Por el grupo Parlamentario Republicano, Pilar Vallugera (ERC) adelantó su voto a favor y aseveró que se trata de “una ley fundamental y paradigmática, de extraordinaria importancia” y que “nos define como sociedad” y recordó que da “instrucciones más claras” a los jueces porque la judicatura “estaba funcionando no como un aliado, sino como un verdugo de las víctimas”.
Por el Grupo Parlamentario Plural, Néstor Rego (BNG) avanzó su voto a favor y reivindicó la importancia de incorporar a la ley medidas contra la violencia vicaria o de la violencia a través de medios digitales, e Inés Sabanés (Equo) defendió que la norma supone “un cambio de paradigma muy importante” y sitúa a España como “un país pionero” después de que “durante décadas se mirara con lupa la conducta y la actitud de las mujeres”. Por su parte, Pilar Calvo (Junts) tildó de “buena noticia” la aprobación de una ley que “quiere evitar que noticias negras inunden los medios de comunicación”.
Por Ciudadanos, Sara Giménez se mostró “de acuerdo” con “cómo se regula” el consentimiento en el texto, convencida de que la ley “no es un eslogan publicitario”, sino “una mejora de país y de protección de las mujeres”. Además, defendió la reclamación del Cermi para que la esterilización forzosa sea considerada una forma de violencia y la retirada de los artículos que urgían a avanzar hacia la abolición de la prostitución, porque es un asunto “serio” que debe ser abordado “como se merece”.
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, Joseba Andoni Agirretxea, que comprometió su voto a favor, afirmó que la ley supone un “salto cualitativo” al eliminar la distinción jurídico penal entre abuso y agresión sexual y valoró que se ha podido “salvar el espíritu y parte de la letra de esta ley”, mientras que por Bildu la diputada Isabel Pozueta admitió que es “una ley necesaria” y quiso recordar a Nagore Laffage, asesinada en Sanfermines en 2008, así como a la víctima de ‘la manada’, quienes, a su juicio, fueron “víctimas de la violencia machista y no tuvieron la protección y la justicia que debían” y “se vieron desamparadas y desprotegidas por una justicia que ponía en duda la violencia sufrida”.
Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Mireia Vehí (CUP), advirtió de que el uso del Código Penal “no resuelve problemas tan profundos como la violencia machista” y denunció que Igualdad haya “colado” una enmienda sobre la publicidad del trabajo sexual, que, dijo, “ahora será ilícita”, lo cual, a su entender, “no respeta el pacto de que todo aquello relativo al trabajo sexual quedaba fuera de esta ley y no ayuda a los derechos de las trabajadoras sexuales”, por lo que anunció su abstención.
Por Coalición Canaria, Ana Oramas defendió la importancia de perseguir la mutilación genital femenina a niñas que iban de vacaciones a sus países de origen y eran víctimas de ablación y regresan “sin que el sistema lo detecte”, y por Unión del Pueblo Navarro Carlos García Adanero abogó por “perseguir a todos los violadores, no a unos sí y a otros no, y ponerlos a disposición de la justicia”, convencido de que “todos son unos miserables que tienen que acabar en la cárcel” y de que “todas las personas violadas tienen los mismos derechos y necesitan protección”.
Tras obtener el respaldo de la mayoría de la Cámara Baja, el proyecto se remitirá al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
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