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MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
La Comisión Europea decidió este jueves llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España y otros cuatro países comunitarios más (Chequia, Eslovaquia, Irlanda y Rumanía) por no haber transpuesto la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada, y pidió a ese órgano judicial que imponga sanciones financieras a esos Estados.
La Directiva de servicios de comunicación audiovisual regula la coordinación a escala de la UE de la legislación nacional sobre todos los medios audiovisuales. Su última revisión se llevó a cabo en 2018 y establece normas aplicables a los contenidos mediáticos a escala de la UE para todos los medios audiovisuales, tanto para las emisiones de televisión tradicionales o servicios a la carta, o el intercambio de vídeos a través de plataforma.
Estas nuevas normas de la UE tienen por objeto crear un panorama audiovisual más seguro, justo y diverso. Refuerzan la protección de los espectadores con el fin de prestar una especial atención a la seguridad de los más vulnerables, como los menores; amplían las normas relativas a los contenidos ilícitos y nocivos para incluir las plataformas de intercambio de vídeos, y fomentan la diversidad cultural en los medios audiovisuales. Además, la Directiva introdujo requisitos de independencia adicionales para los reguladores nacionales de los medios de comunicación.
Los Estados miembro debían transponer la Directiva y comunicar las medidas nacionales de transposición a la Comisión a más tardar el 19 de septiembre de 2020. Ante la falta de adopción de las normas nacionales pertinentes, la Comisión envió cartas de emplazamiento a 23 Estados miembro en noviembre de 2020, seguidas de nueve dictámenes motivados en septiembre y dos en noviembre de 2021.
Hasta la fecha, Chequia, Eslovaquia, España, Irlanda y Rumanía no han transpuesto ni comunicado plenamente las medidas de aplicación de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, por lo que la Comisión Europa decidió remitir estos casos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Debido al retraso en la transposición, es posible que los ciudadanos y las empresas de esos cinco países no puedan confiar en todas las disposiciones de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, que crea unas condiciones de competencia equitativas para los diferentes tipos de servicios de medios audiovisuales, garantiza la independencia de los reguladores nacionales de los medios de comunicación y preserva la diversidad cultural (por ejemplo, al exigir que los servicios de vídeo a la carta tengan disponible al menos el 30 % de obras europeas en sus catálogos).
Además, la norma protege a los menores y a los consumidores en general con normas para la protección de los menores contra los contenidos nocivos en línea, y combate el odio racial, religioso y de otro tipo mediante el refuerzo de las normas para prevenir la incitación a la violencia o al odio, así como la provocación pública a la comisión de delitos de terrorismo.
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