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La carrera fiscal castiga a Delgado en las elecciones al Consejo Fiscal, que gana la Asociación de Fiscales

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 5 de mayo de 2022, 13:15 h (CET)

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)


La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha recibido un duro correctivo de la carrera en las elecciones al Consejo Fiscal en las que ha salido triunfante la Asociación de Fiscales (AF), que se ha venido oponiendo a su política de nombramientos, y ha supuesto la pérdida de la mitad de su representación para la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que perteneció Delgado.


El Consejo Fiscal representa a toda la carrera y sirve de contrapeso a la fiscal general. La UFP, que tenía cuatro representantes en este órgano, se ha quedado con dos, a los que habría que sumar a dos miembros natos afines a Delgado: la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz Gaite, y la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde.


En cambio, los seis candidatos presentados por la AF han logrado sentarse en el Consejo Fiscal, lo que significa sumar uno más a la representación que tenía. Este varapalo es la respuesta a la política de nombramientos de Dolores Delgado y a su actuación en el ‘caso Stampa’, que la AF no ve clara. Además, entra en el Consejo Fiscal con un miembro la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), también muy crítica con la gestión de Delgado.


La composición del Consejo Fiscal es la siguiente: en nombre de AF resultaron electos Jorge Andújar, María Isabel Gómez, Eva María Más, Miguel Rodríguez, Roberto Valverde y Beatriz Sánchez. Por la UPF será miembros Santiago Mena y Rocío Ortiz, y en nombre de la APIF resultó electo Salvador Viada.


Delgado se ha visto lastrada por su enfrentamiento con buena parte de la carrera fiscal por los nombramientos de supuestos afines y por su actuación con el fiscal Ignacio Stampa, que no pudo quedarse en Anticorrupción. Pero, además, en la carrera no ha sentado bien que el Gobierno incluyera en la reforma de la Ley Concursal una enmienda que establece el ascenso automático del fiscal general a la más alta categoría cuando deje el cargo y la obligación de que informe al Gobierno “por propia iniciativa” de asuntos relevantes.


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