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Sociedad
    

La Eurocámara vota esta semana que las personas con incapacitación judicial recuperen su derecho al voto

Agencias
@DiarioSigloXXI
domingo, 1 de mayo de 2022, 11:33 h (CET)

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)


El Pleno del Parlamento Europeo analizará esta semana una propuesta de reforma de la ley electoral de la UE que devolvería su derecho al voto a las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente en los comicios comunitarios, como ya ocurrió en España en diciembre de 2018.


La reforma sobre la que deberá pronunciarse el Pleno contiene además previsiones para hacer más accesible el voto en los colegios electorales a las personas con distintos tipos de discapacidad, así como la posibilidad de establecer una circunscripción paneuropea de 28 escaños, con diputados elegidos mediante “listas cerradas y paritarias”.


Esto no significará la desaparición de las actuales circunscripciones nacionales, en las que España aporta 59 de los 705 escaños que tiene la Eurocámara, pues la ‘nueva circunscripción paneuropea’ se votaría en una urna aparte.


En este sentido, la propuesta del grupo de socialistas y demócratas busca reforzar a los partidos europeos y que los aspirantes a la presidencia de la Comisión concurran a las elecciones al Parlamento, así como impulsar la participación de las personas con discapacidad en los comicios comunitarios.


En un acto celebrado en la agencia Servimedia donde se presentó un informe de fundación Bequal sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la agenda urbana, la eurodiputada socialista Mónica Silvana González afirmó que “todavía queda mucho por avanzar para que las políticas públicas cuenten con la participación de las personas con discapacidad”.


Según el informe alternativo del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) relativo al cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la UE publicado en febrero de 2022, Bruselas no ha adaptado la ley Electoral de 1976 a esta norma internacional, y hay 14 Estados miembros en los que a las personas con discapacidad bajo tutela total o parcial se les niega el derecho a votar en las elecciones (aproximadamente 400.000 personas).


Solo en 7 Estados miembros todas las personas con discapacidad tienen derecho a presentarse como candidatas a las elecciones al Parlamento Europeo, y agrega que “muchas barreras de accesibilidad impiden a millones de personas con discapacidad participar en los comicios electorales.


REFORMA ELECTORAL


González explicó que, para remediarlo, “hemos logrado incluir una serie de compromisos” en la reforma que el Pleno votará esta semana en Estrasburgo, a fin de que “la participación de las personas con discapacidad en la elección del Parlamento Europeo quede garantizada”.


“Tal y como hicimos en España, la enmienda más importante es la que desvincula el derecho a voto, tanto activo como pasivo, de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”, detalló González, una de las promotoras de la reforma de la ley electoral española durante su etapa como diputada en la Asamblea de Madrid.


La ahora parlamentaria europea resaltó la importancia de esta modificación, porque “estamos ampliando el número de países que permiten el derecho al voto de todas las personas con discapacidad sin ninguna limitación o traba”.


Las enmiendas se votaron hace dos semanas en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo y salieron adelante, explicó, “con el apoyo de todos los grupos salvo los de la ultraderecha y algunos miembros del Partido Popular Europeo no españoles”.


BENEFICIARIOS


“No solo hemos querido desvincular el derecho al voto de la capacidad jurídica”, apuntó González, sino que además la reforma “incluye otra serie de garantías referidas a la accesibilidad de los colegios electorales”. De este modo, en 2024, fecha de las próximas elecciones, “Europa será mucho más participativa”, aseguró.


"Si nos jactábamos de que en España más de 100.000 personas pudieron beneficiarse de la reforma de la ley electoral”, dijo, podría esperarse que más de un millón lo hagan en toda la UE. En su opinión, “si son más las personas con discapacidad que votan, estas no solo se empoderan, sino que resultarán más decisivas a la hora de tomar decisiones”.


Agregó que su mayor participación ayudará a reducir “esta desigualdad tremenda” y “las tan altas tasas de pobreza” que sufren las personas con discapacidad , pues “si tienen una voz más protagonista” cabe esperar que sus condiciones mejoren.


Con todo, González precisó que esta reforma electoral solo afectaría a las elecciones al Parlamento Europeo, no al derecho electoral de cada país, por lo que las limitaciones podrían mantenerse en los comicios de carácter nacional. “Somos ocho los Estados que hemos levantado todas las restricciones al voto de las personas con discapacidad, y esto es lo que queremos incluir en la Carta Magna europea”.


REGULACIÓN PARA LAS CONSULTAS


Por otro lado, González criticó la ausencia de “un marco normativo que regule y estructure” los procesos de participación de las organizaciones de personas con discapacidad en las políticas públicas que les afectan a nivel comunitario, como sí existe en España. “En la mayoría de las instituciones, estas consultas son 'ad hoc'”, lamentó.


Además, prosiguió, en órganos como el Consejo de la UE, “la consulta es nula y la participación, mínima”. No ocurre igual en el Parlamento Europeo, aunque criticó que “a veces las herramientas digitales que se emplean para estas consultas no resultan accesibles”.


Así sucedió, por ejemplo, con el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades de acceso al texto impreso, explicó, o con la Directiva de 2018 sobre servicios audiovisuales y con el Reglamento 1300/2014 de la Comisión de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la accesibilidad del sistema ferroviario de la Unión para las personas con discapacidad y movilidad reducida.


En estos casos, “las consultas públicas no se llevaron a cabo en formatos accesibles”, por lo que reclamó “un marco normativo que obligue al cumplimiento de los criterios de accesibilidad”.


Como dato positivo, la eurodiputada se felicitó porque “hemos podido introducir un artículo en la histórica directiva que regula los servicios digitales, el 19 bis, que obliga a las plataformas que ofrecen sus servicios 'online' a cumplir con los requisitos de accesibilidad”.


“En el mundo postpandemia donde lo digital ha llegado para quedarse, es clave la inclusión de la perspectiva de discapacidad”, concluyó.


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