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El Senado debate el jueves clarificar la contratación temporal de personas en riesgo de exclusión por parte de empresas de inserción

domingo, 17 de abril de 2022, 16:09 h (CET)

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)


La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado debatirá el próximo jueves una moción del PNV con la que se insta al Gobierno a realizar los cambios normativos necesarios que posibiliten la celebración de contratos temporales de fomento del empleo para trabajadores en situación de exclusión social en empresas de inserción, en el marco del itinerario de inserción social recogido en la Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción.


En su moción, el PNV recuerda que los contratos de fomento del empleo pueden tener una duración de hasta tres años y que el objetivo de las empresas de inserción es la incorporación al mercado ordinario, a través de itinerarios de inserción, de personas en situación de exclusión con “especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo”.


Señala que, aunque esta modalidad de contrato está regulada en la Ley de empresas de inserción, con la entrada en vigor el 31 de diciembre de 2021 de la reforma laboral se genera “incertidumbre en las empresas de inserción por la implicación que pueda tener para el contrato de fomento del empleo”.


En concreto, explica que la reforma laboral cita a las empresas de inserción en relación con los contratos formativos y los contratos de duración determinada. Estos últimos solo podrán celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución. Además, establece que la celebración de contratos vinculados a programas de activación del empleo a entidades sin ánimo de lucro no podrá exceder los 12 meses.


Pero, según esta moción, “en ningún momento quedan recogidas las especificidades” del contrato temporal de fomento del empleo, con lo que “esto supone de inseguridad jurídica que habría que evitar”.


POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO


Por otra parte, la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta debatirá y votará una moción del Grupo Socialista por la que se insta al Gobierno a la modernización y refuerzo de las políticas activas de empleo públicas. Según el texto, es “imprescindible analizar” si la importante inversión que se viene realizando en políticas activas de empleo (cifrada para 2022 en alrededor de 7.500 millones de euros) está siendo “lo suficientemente eficaz y cuál es el resultado de tan cuantiosa aportación”.


La iniciativa resalta que se debe prestar especial atención al impacto de las políticas activas de empleo en colectivos como el de los parados de larga duración o los mayores de 45 años y jóvenes. Asimismo, subraya la importancia del plan de reformas ligado a los fondos europeos para avanzar en materia de políticas activas de empleo.


COORDINACIÓN Y CONSENSO


Igualmente, destaca la necesidad de reforzar la “coordinación” entre las diferentes administraciones públicas y sostiene que “toda nueva estrategia en materia de políticas activas debe venir con el necesario consenso y acuerdo entre las administraciones concurrentes”.


El texto también incide en la necesidad de garantizar una formación suficiente, tanto a empleados como a parados; impulsar el “reconocimiento” de la trayectoria profesional de los trabajadores; potenciar los servicios de intermediación; asegurar la “evaluación continuada” de los objetivos de estas políticas, y modernizar y digitalizar los servicios públicos de empleo.


“La crisis derivada de la covid-19 ha puesto en valor las políticas de empleo y la necesidad de que los servicios públicos de empleo tengan capacidad de dar respuestas inmediatas, ágiles y contundentes. Para ello, su modernización y digitalización es fundamental”, insiste la moción del PSOE.


Finalmente, pone en valor que “tenemos el marco normativo posible para este objetivo reformador con el Anteproyecto de la Ley del Empleo previsto en el Plan Normativo para 2022, que debe encontrar un necesario consenso parlamentario sobre la base del acuerdo, en el marco de la cogobernanza junto con las comunidades autónomas y las entidades locales, y pivotando en el diálogo social con los interlocutores económicos y sociales (patronal y sindicatos)”.


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