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La Comunidad Valenciana formará a los mayores en competencias digitales para realizar trámites bancarios

Agencias
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lunes, 31 de enero de 2022, 17:35 h (CET)

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)


El consejero de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, confirmó este lunes que el Consell pondrá en marcha un “ambicioso” plan de formación para facilitar a las personas mayores el acceso a herramientas digitales que les permitan realizar trámites bancarios, administrativos y de servicios en su día a día.


Lo dijo tras la reunión que mantuvo con Carlos San Juan, el ciudadano de 78 años que ha impulsado una campaña para mejorar la atención a los mayores por parte de las oficinas bancarias que acumula más de 535.000 firmas en la plataforma ‘Change.org’, un encuentro en el que también estuvo presente el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca.


Tras la reunión, Vicent Soler explicó que “la idea inicial es desarrollar una formación presencial individualizada y continuada que llegue hasta el último rincón de nuestro territorio, y que permita acompañar en el proceso de aprendizaje a las personas mayores, mediante sesiones tutoriales impartidas ‘in situ’ por profesionales, todo bajo la supervisión del IVF, el equipo de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF), y siempre en coordinación con la banca comercial”.


Luego de elogiar las iniciativas ciudadanas que buscan “mejorar la vida de la gente”, dejó claro el compromiso del Gobierno autonómico valenciano para “mejorar la atención a las personas mayores, que muchas veces se encuentran con que se cierran oficinas bancarias, que no se aclaran con los cajeros y que muchos de los trámites que necesitan hacer sólo pueden realizarse en línea”.


Esto le sirvió para atestiguar que esta reunión es un “punto de partida” a partir del cual se iniciará un “programa de trabajo en colaboración estrecha” con las organizaciones de consumidores y con la banca comercial para lograr “la solución de esta problemática”.


Por último, aseveró que constituye una “obligación moral” que los poderes públicos sean capaces de “supervisar adecuadamente la atención a estas personas y facilitar estos servicios financieros allá donde la banca comercial no presta el servicio”.


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