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Sociedad
    

Piden más recursos para que los Servicios Sociales respondan a la "gran reforma legal" para las personas con discapacidad

Agencias
@DiarioSigloXXI
domingo, 5 de septiembre de 2021, 10:33 h (CET)

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)


El director de Plena inclusión España, Enrique Galván, y el presidente de Salud Mental España, Nel González, advirtieron de que la implantación de la reforma de la legislación civil y procesal sobre los apoyos a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica que entró en vigor el viernes necesita “una dotación de suficientes recursos en las carteras de Servicios Sociales” para aplicarse con éxito y conforme a su espíritu.


Así lo apuntaron en un diálogo organizado por la agencia de noticias Servimedia con motivo de este cambio legislativo, donde se presentó una Guía Jurídica con preguntas y respuestas que aclara el contenido, alcance y consecuencias de la nueva normativa, que implica modificaciones en hasta ocho leyes orgánicas y ocupa casi 80 páginas en el Boletín Oficial del Estado.


En resumen, la reforma pone fin a las incapacitaciones judiciales y en su lugar propone que a cada persona se le asigne un sistema de apoyos individualizados, a fin de que pueda tomar sus decisiones de forma autónoma. Según la nueva legislación, se favorecerá la elección voluntaria de dichos apoyos por parte de la propia persona, que podrá dejar constancia de su decisión ante notario.


Podrán también solicitar estos apoyos sus padres, hijos, hermanos , cónyuges o similares y, en casos tasados, un órgano judicial (que deberá revisar las medidas adoptadas cada tres años). Por este motivo, Enrique Galván pidió “dotar a las carteras de Servicios Sociales de los recursos suficientes” para garantizar que estos apoyos se prestan de forma efectiva.


Entre otros puntos, la ley recoge la figura del facilitador en los procesos judiciales; garantiza la accesibilidad universal (física, sensorial y cognitiva) a lo largo de todo el proceso judicial, y reconoce la posibilidad de recurrir a sistemas de comunicación alternativa o a todos aquellos medios necesarios para que las personas interesadas entiendan lo que sucede y puedan expresar su voluntad.


“Necesitamos medios para promover el cambio de mirada” que la nueva legislación implica y para que “un sistema basado en las incapacitaciones se transforme en otro dirigido a prestar apoyos”, demandó Galván. “Hace falta también mucha innovación”, agregó, pues serán necesarias guías explicativas en lectura fácil, formación para los juristas , otros sistemas de comunicación, etc.


Para Nel González, "de nada sirve crear la norma si no se dota de recursos y se desarrollan los mecanismos para hacerla efectiva”. Por ello, expresó “ciertas reservas” respecto a la nueva ley, cuya aprobación aplaudió por “el gran avance” que supone en el reconocimiento de derechos.


“Nuestra preocupación proviene también de la experiencia”, y subrayó que desde que se realizó la reforma psiquiátrica” con la Ley General de Sanidad de 1986, “arrastramos las consecuencias y los terribles efectos, todavía hoy, de la escasa implantación de un sistema de atención comunitaria”.


“No nos gustaría que se volviesen a producir los mismos errores”, e insistió en que, “para cumplir con los derechos humanos, es necesario establecer una red de apoyos amplia y adecuada a las necesidades específicas de la persona”. En su opinión, aún “no se ha creado una red suficiente”.


MEDIOS EN LOS JUZGADOS


En el encuentro participó también el director de la sección social y económica de la Fundación Aequitas, Federico Cabello de Alba, que destacó la necesidad de formar a los operadores jurídicos en “una nueva mirada” hacia la discapacidad, así como de “vigilar” para que no se abuse de la curatela representativa, figura que la reforma prevé solo “en ocasiones muy excepcionales”.


“Debemos estar atentos además para que la revisión de las incapacitaciones (ya dictadas) no se haga de forma mecánica y sin atender a las características de cada persona”, y reclamó “más recursos” para que los juzgados aborden dicha tarea (que la ley impone) con garantías.


Más optimista se mostró el director de Alianzas, Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna. En su opinión, el objetivo último de esta reforma es “desjudicializar” muchos procesos y evitar que las personas con discapacidad y sus familias se vean “envueltas “en procesos tan traumáticos como una incapacitación”.


Propuso que “a lo mejor los trabajadores sociales de los juzgados y los médicos forenses deben reorientar su labor ” y dirigirse a apoyar a los notarios en sus nuevas funciones. Afirmó que la reforma beneficiará de manera especial a las personas mayores, que son dos de cada tres personas con discapacidad, pues les permitirá “planificar de antemano qué tipo de apoyo quieren recibir” ante una discapacidad sobrevenida.


Otra solución puede venir a su juicio de la “sociedad civil, con la creación de un potente cuerpo de voluntarios ” que ayude a las personas en la prestación de estos apoyos y a la hora de tomar sus decisiones. “No quiero obviar la responsabilidad de las administraciones públicas, pero desde el sector social tenemos mucho que aportar”.


"Si hace 14 años hubiésemos pensado solo en los recursos, hoy no estaríamos aquí”, zanjó. En su opinión, “esta reforma es un paso histórico”, pero no afecta ni al ámbito de los servicios sociales ni al de la dependencia, en los que “todavía queda mucho que avanzar”.


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