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Sociedad
    

Personas con discapacidad intelectual piden que se blinde su derecho a apoyo en las leyes de servicios sociales

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 3 de septiembre de 2021, 12:53 h (CET)

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)


La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión España pidieron este viernes blindar en las leyes de servicios sociales el apoyo para que las personas con discapacidad intelectual tomen decisiones, así como garantizar las condiciones de trabajo de los jueces, de cara a que puedan revisar las sentencias de incapacitación existentes y ajustarlas a cada caso.


Así lo hicieron en un acto que tuvo lugar en la sede del Real Patronato sobre Discapacidad, que contó con la presencia del director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco.


En el acto celebraron la entrada en vigor de la reforma de las leyes civiles y procesales que, hasta ahora, permitían la incapacitación jurídica de decenas de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo mediante la lectura de un manifiesto en lectura fácil, en el que destacaron el avance que supone la reforma, sin dejar de lado las peticiones que estas personas tienen para convertirla en realidad.


Aprobada el pasado mes de mayo, la reforma supone el fin de las incapacitaciones judiciales y su sustitución por un sistema de apoyos individualizados que ayuden a la persona a tomar sus decisiones de forma autónoma.


Así, ambas organizaciones pidieron que el apoyo individualizado se blindara como derecho en las leyes de servicios sociales; que los jueces pudieran revisar las sentencias ya existentes para ajustarlas a cada caso teniendo en cuenta las preferencias de cada persona; y que se siguiera ayudando a las organizaciones, en este caso a las de la red de la AEFT, para que pudieran mantener sus equipos de apoyo y les permitan conocer a estas personas y que “de verdad se las tenga en cuenta”.


Asimismo, resaltaron que “la unión hace la fuerza”, por lo que pidieron que tanto las personas que necesitan apoyo como las entidades que las apoyan, jueces, abogados o notarios trabajaran en conjunto para que “todos los procesos se hagan bien”, e incidieron en la importancia de la formación y los medios para garantizar su participación.


Así, pidieron a la administración pública “que de un paso adelante por el derecho a decidir”, aseguraron que “el cambio es imparable” y pidieron ayuda a la sociedad para que la reforma “pase del papel a la realidad”.


“Hoy España sitúa a todas las personas con discapacidad donde nunca debimos salir, en la ley. Nuestra voz se va a escuchar, se va a oír y se va a respetar a nivel jurídico. Si queremos decidir donde vivir, si heredar, van a ser voluntades que se respeten”, celebró el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco. “Una sociedad del siglo XXI no puede dejar al margen de la ley, lo más importante que tiene el Estado de derecho, a ciudadanos y ciudadanas”.


Asimismo, el director general se comprometió a “trabajar para que esta reforma llegue a vuestras vidas, vuestro día a día”, y afirmó que se había dado un “paso definitivo”, recogerlo en la ley, y que quizá quedaba lo más difícil, hacerlo realidad. “Yo, personalmente, la ministra, la secretaria de Estado, desde esta Dirección General, vamos a trabajar intensamente para que las personas con discapacidad estemos en el centro de todas las decisiones que nos afectan”, concluyó, destacando la importancia del logro, que calificó de “un día en la historia de España”.


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