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La violencia en Afganistán provocó la muerte de 2.177 civiles entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 17 de agosto de 2021, 15:04 h (CET)

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)


Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020 murieron 2.177 civiles y más de 3000 resultaron heridos en Afganistán, según el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional.


El informe, publicado por la ONG anualmente, incluye la situación de todos los países donde ésta considera que se vulneran los derechos humanos. Se trata de territorios que deberían rendir cuentas por esta vulneración, aunque no lo hacen.


Así, según el mismo informe, durante ese periodo del año, los talibanes fueron responsables del 45% de las víctimas, y el autodenominado Estado Islámico de Irak y el Levante-Jorasán, del 7%.


Entre sus víctimas civiles se encontraban docentes, lideres religiosos, jueces o personal sanitario y humanitario, además de funcionarios del Estado. Los ataques incluyeron violaciones del derecho internacional humanitario e incluso crímenes de guerra, con ataques deliberados contra la población civil y bienes de carácter civil.


Por su parte, las fuerzas favorables al gobierno afgano fueron responsables de más de una cuarta parte de las muertes y heridas que se produjeron entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, con 602 víctimas mortales y 1.038 personas heridas. De estas cifras, las fuerzas militares internacionales, en concreto, fueron responsables de 83 muertes y 30 heridos.


Según la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (Unama), el número de víctimas civiles atribuidas al Ejército Nacional Afgano había aumentado en comparación con el año anterior, principalmente en ataques aéreos y combates por tierra.


Por otra parte, el informe se adentra en el acuerdo de paz que firmaron a principios de 2020 Estados Unidos y los talibanes, en el que no se mencionaban los derechos humanos de las mujeres y además se protegía la impunidad de los atentados graves contra los derechos humanos perpetrados por ambos bandos. En septiembre, prosigue Amnistía Internacional, el gobierno de Estados Unidos se afianzó en esta postura e impuso sanciones —entre ellas la congelación de activos— a la fiscal de la Corte Penal Internacional, que se disponía a dirigir una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por todas las partes en el conflicto desde 2003.


El informe, además, pone especial acento en la vulneración de los derechos humanos dirigida a las mujeres y las niñas. Así, siguieron sufriendo violencia de género y discriminación en todo el territorio afgano, sobre todo en zonas controladas por los talibanes, donde sus derechos eran impunemente violados, y eran sometidas a “castigos” por lo que el grupo armado consideraba transgresiones de su interpretación de la ley islámica.


Por su parte, la escasez de denuncias sobre actos de violencia contra mujeres y niñas seguía siendo una tendencia crónica, pues, con frecuencia, temían sufrir represalias por ello. Según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, a lo largo del año se denunciaron más de un centenar de asesinatos, pero las denuncias de este tipo de casos seguían sin investigarse. En ocasiones, las víctimas eran presionadas por sus comunidades o por funcionarios estatales para que retiraran las denuncias o se recurría a la “mediación” para resolver los casos al margen de la protección legal; por lo que los autores de estos delitos quedaban, en general, impunes.


En cuanto a su participación en política, el informe destaca que seguían quedando relegadas a gobiernos provinciales y locales, sobre todo a sus áreas de protección social y educación. Las pocas mujeres que ocupaban cargos gubernamentales eran víctimas de intimidación, acoso y discriminación; no tenían acceso a material y recursos de oficina en igualdad con sus compañeros varones y con frecuencia se les negaba la posibilidad de trabajar horas extras y recibir la remuneración correspondiente.


Asimismo, tampoco tenían oportunidades adecuadas para ocupar puestos que conllevaran la toma de decisiones y rara vez se investigaban los ataques que sufrían mientras trabajaban en puestos gubernamentales, de manera que los responsables seguían quedando impunes.


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