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Nacional
    

Almeida exige al Gobierno no hablar de “piedra en el camino” si la Abogacía del Estado determina la ilegalidad del aval de la Generalitat

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 30 de julio de 2021, 10:20 h (CET)

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)


El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, exigió este viernes al Gobierno no volver a hablar de “piedras en el camino” en el caso de que la Abogacía del Estado concluyera que es “ilegal” el aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para las fianzas que el Tribunal de Cuentas impuso a los líderes del ‘procés’ por la acción exterior de la Generalitat.


En una entrevista en Cope recogida por Servimedia, Almeida mostró su respeto total y absoluto a sus compañeros abogados del Estado destinados en el Tribunal de Cuentas. Un respeto, dijo, que es “muy superior al que tiene el Gobierno de la nación desgraciadamente por el cuerpo de abogados del Estado como hemos tenido que ver últimamente”.


Su opinión habiendo estudiado ya por “una pura cuestión de deformación profesional”, pues él es abogado del Estado de profesión, es que “parece difícil concluir que aquello se ajusta a la legalidad” porque “lo que se está concediendo con cargo a todos los catalanes es un autoaval”.


“Cuando el aval para que los políticos en este caso de la Generalitat de Cataluña está cubierto por la propia Generalitat es un autoaval”, insistió Almeida, para quien “eso parece que no se ajusta desde luego a la legalidad”.


“Esperemos a ver qué dice el informe de mis compañeros que están destinados en el Tribunal de Cuentas, pero si desde luego concluyeran que el aval es ilegal y así lo determinara el Tribunal de Cuentas, espero que El Gobierno no lo califique de piedra en el camino, sino que asuma que una institución como el Tribunal de Cuentas con ese criterio no se puede superponer al interés político con los independentistas”, trasladó.


En definitiva, manifestó su “respeto” a lo que diga la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas y reiteró su opinión de que se trata de un “autoaval que no tiene cabida en la legalidad”. “Y si así se decidirá por el Tribunal de Cuentas, que el Gobierno no siga en el descrédito de las instituciones para sacar su propio rédito político”, reclamó.


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