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El Tribunal de Cuentas pide informe a la Abogacía del Estado sobre los avales del ICF a exresponsables de la Generalitat

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 27 de julio de 2021, 13:11 h (CET)

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)


La delegada instructora del Tribunal de Cuentas que impuso una fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat, Esperanza García, tiene “dudas” sobre la “suficiencia y legalidad” de avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y por eso ha solicitado a la presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado.


Ese informe tendrá que aclarar si esta institución pública puede amparar responsabilidades contables por dolo o culpa grave, en nombre de la propia administración autonómica perjudicada.


Tras ese informe, la instructora deberá decidir si los acepta o empieza a emitir órdenes de embargo para los líderes independentistas que deberían hacer frente al pago de la fianza, entre los que están Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas. El ICF ha presentado 29 avales que están respaldados por dinero público.


Por el momento, el Tribunal de Cuentas prefiere contar con el informe de los servicios jurídicos del Estado antes de dar por afianzadas todas las cantidades o de rechazar los avales. Cinco de los líderes independentistas han presentado avales personales al margen de los del ICF.


Estas fianzas son medidas cautelares, por lo que, hasta que no haya una sentencia firme, los afectados no perderían la titularidad de los bienes en caso de ser condenados. En total, el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones a 34 ex altos cargos por conceptos concretos que aprobaron mientras ejercían sus responsabilidades públicas.


El Tribunal de Cuentas reclama mayores cantidades a Albert Royo, exsecretario del Diplocat (3,6 millones); Mireia Vidal, exinterventora de la Generalitat (3,1 millones); Frances Homs, exconseller de Presidencia (2,9 millones); Artur Mas, expresidente de la Generalitat (2,8 millones); y Andreu Mas-Colell, exconseller de Economía, al que reclama 2,7 millones.


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