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El Gobierno destaca que la ley de Memoria es la “primera que condena y repudia” el golpe de Estado de 1936

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 20 de julio de 2021, 15:51 h (CET)

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)


El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, destacó este martes que el proyecto de ley de Memoria Democrática que aprobó el Consejo de Ministros es la primera norma en la que “se condena y se repudia expresamente el golpe de estado de 1936 y la dictadura posterior, el periodo más negro de la historia de España”.


Así lo remarcó Bolaños en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de la Moncloa al término del Consejo de Ministros para explicar esta ley, justo cuando se critica al líder del Partido Popular, Pablo Casado, por su silencio cuando el exministro de UCD Ignacio Camuñas dijo delante de él que "si hay un responsable de la Guerra Civil directamente es el Gobierno de la República. Un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936”.


Es una norma “necesaria y que nos hace mejores como país”, explicó, que nace a partir de la ley de Memoria Histórica que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, y que pone a las “víctimas como eje fundamental” de la misma.


El Ejecutivo, según explicó Bolaños, persigue con esta ley dos objetivos: por un lado, la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática; y, por otro, y de una manera muy significativa, el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978.


Esta norma declara nulas las condenas y sanciones dictadas durante la guerra civil y dictadura por órganos de represión franquista, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual.


En clave jurídica, se crea una Fiscalía de sala que investigará e impulsará investigaciones sobre violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura para hacer frente a esa reclamación de las asociaciones a tenor de que el Código Penal tiene limitaciones y con el límite de que el Estado de Derecho no contempla la irretroactividad de las normas penales y que existe la prescripción de delitos.


También hace un reconocimiento de la memoria democrática de las mujeres mediante una mención especial al papel activo de las mujeres en la lucha por la democracia, algo que se repara en la ley de una forma transversal en toda ella, porque sufrieron de igual modo la represión y el exilio pero con el “agravante” por su condición de mujer.


VALLE DE LOS CAÍDOS


El ministro subrayó también que se va a “resignificar” el Valle de los Caídos de manera que “no podrá haber ningún cuerpo de ninguno de los protagonistas en lugar preponderante" en ese espacio. Por lo que avanzó que, en aplicación de la ley, habrá que proceder a la exhumación de José Antonio Primo de Rivera, enterrado en el altar principal, para lo que se hablará con la familia.


Preguntado por el futuro de la gran cruz que preside el lugar, Bolaños avanzó que la ley mandata concretar en un proyecto la resignificación de Cuelgamuros y se van estudiar bien los detalles de lo que será el lugar porque, reconoció, está la basílica que es un lugar de culto. La ley declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.


Asimismo, se va a modificar la Ley para que sea ”causa de extinción la exaltación de la dictadura", de manera que se puedan extinguir las fundaciones que hagan apología del franquismo y lo hagan con menosprecio o humillación o incitando al odio, de manera que no puedan ser consideradas de utilidad pública en ningún caso".


El proyecto de Ley de Memoria Democrática que se remite al Congreso, y ante el que el Gobierno se muestra “abierto” a hacer las mejoras que consideren los grupos parlamentarios, modifica la ley de fundaciones y proyecta que, en un año, se cambie la que regula las asociaciones para que la Fundación Francisco Franco no tenga cabida legal.


Con la nueva norma se amplía la opción de adquirir la nacionalidad española con dos nuevos supuestos. Por un lado, a hijos de las españolas que se casaron con extranjeros y que perdieron entonces la nacionalidad española, y a los hijos mayores de edad de españoles que se exiliaron, opción que se abrió con la ley de 2007 pero que solo afectó a los menores.


El Gobierno considera que esta nueva ley debiera salir aprobada en el Congreso con “unanimidad”, al entender que “nadie puede estar en contra" de una norma que reconoce a las víctimas de la dictadura.


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