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Economía
    

Aprobado el primer paquete de medidas de reforma de las pensiones y la reducción de la temporalidad en la administración

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 6 de julio de 2021, 15:23 h (CET)

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)


El Consejo de Ministros aprobó este martes un primer bloque de medidas de reforma del sistema de pensiones con las que se vuelve a la revalorización con el IPC y se incentiva el alargamiento de la jubilación, y la limitación a un máximo de tres años de los contratos de interinidad, con un plan para hacer fijas 300.000 plazas.


La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicó las principales líneas del anteproyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, que se aprobó en el Consejo “previa felicitación” al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y destacó que “permite volver al consenso sobre el que creemos que se tiene que mover el diálogo social” y que Escrivá “está haciendo un esfuerzo” para acordar.


Mediante este anteproyecto de ley, acordado la semana pasada con las patronales y los sindicatos, se establece que las pensiones se revalorizarán con el IPC cada 1 de enero, tomando la media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior, y en los casos de inflación negativa permanecerán invariables.


Montero destacó que “no va a haber incertidumbre” sobre la subida de las pensiones y que la vinculación al IPC ha sido una “reivindicación justa” y “largamente esperada” por los pensionistas.


En cuanto al Factor de Sostenibilidad, será sustituido por un mecanismo de equidad intergeneracional a negociar en el diálogo social “inmediatamente” hasta el 15 de noviembre de 2021. Llegada esa fecha, si no hay acuerdo, el Gobierno lo regulará, y empezará a operar a partir de 2027.


Se revisan los coeficientes reductores de la jubilación anticipada voluntaria y se endurecen para los que la adelantan el máximo de tiempo (24 meses o algunos menos) y el mínimo. En concreto, los nuevos coeficientes reducen la pensión mensualmente entre el 3,26% y el 21% frente al esquema actual del 2% al 16% en los casos de tener menos de 38 años y seis meses cotizados. Esos coeficientes son menores para el resto de casos, con unas carreras de cotización más largas. Para quienes tienen una pensión máxima, los coeficientes reductores entrarán en vigor de forma progresiva a lo largo de diez años, a contar desde el 1 de enero de 2024.


Para la jubilación anticipada por razones de la actividad, se modificará el procedimiento de solicitud y se precisarán con más detalle los indicadores de peligrosidad o penosidad que determinan el acceso a esta modalidad de jubilación anticipada de manera que su aplicación pueda ser efectiva.


Para fomentar la jubilación demorada, por año de demora se ofrece elegir entre un incremento del 4% en la pensión, una cantidad a tanto alzado que oscilaría entre los 4.786 euros y los 12.060 euros según los años cotizados y el importe de la pensión, o una combinación de las dos opciones.


Respecto a la jubilación activa, se exigirá como condición para acceder el transcurso de al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación y se revisará en el diálogo social esta modalidad en el plazo máximo de 12 meses.


El acuerdo también recoge la prohibición de jubilación forzosa regulada en convenio colectivo antes de los 68 años, a excepción de una serie de sectores en los que la ocupación de las mujeres sea inferior al 20%. Las empresas pertenecientes a esos sectores podrán aplicar la jubilación forzosa antes de los 68 años si sustituyen a esos trabajadores por mujeres contratadas de forma indefinida y a tiempo completo.


Otra de las medidas consiste en la exoneración del 75% de las cuotas empresariales por contingencias comunes en las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores a partir de los 62 años con el objetivo de que esas personas puedan seguir activas en el mercado de trabajo y las empresas no tengan barreras para mantenerlas.


Sobre la cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales, se establece que se aprobará el nuevo sistema en 2022 y empezará a aplicarse en 2023 con un despliegue gradual de hasta nueve años.


En cuanto a los gastos que asume la Seguridad Social y que se consideran impropios, se acuerda que en 2022 y 2023 el Estado se haga cargo de lo que queda, unos 7.600 millones de euros, dado que ya ha asumido 14.000 millones de euros.


Con esta reforma, el Gobierno calcula que la edad efectiva de jubilación aumentará en dos años durante el periodo que dure la reforma.


En cuanto al acuerdo sobre los interinos cerrado ayer, lunes, entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, se establece la limitación de los contratos temporales en la administración a un máximo de tres años, indemnizar a los interinos que pierdan su plaza con 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades y un proceso de estabilización para hacer fijas a 300.000 plazas que ahora son temporales antes del 31 de diciembre de 2024.


Las personas en esos puestos temporales podrán optar a procesos de selección en los que la experiencia contará un 40% y en caso de no superarlos, serán incluidas en bolsas de trabajo y recibirán una compensación económica, igualmente de 20 días por año trabajado.


Montero destacó que esta reforma “urgía” porque “el sector público tiene que ser ejemplar en el uso de la temporalidad” y subrayó que en el sector privado los contratos fijos tienen que ser “la tónica general”.


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