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La Plataforma de Infancia pide que el Gobierno escolarice a más de 150 menores en Melilla

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 8 de junio de 2021, 12:16 h (CET)

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)


Judit Mascó, Helena Resano, Carlos Tarque, Alex Gadea, Manu Rubio, Marta Fernández se unen a la Plataforma de Infancia para pedir al Ministerio de Educación que conceda una plaza escolar a más de 150 niños y niñas que se encuentran sin escolarizar en Melilla a causa de trabas administrativas que impone la Dirección Provincial de Educación, que depende directamente del Gobierno central. Muchos llevan en esta situación hasta tres años


Así lo han revindicado este martes en un acto ante la sede del Ministerio en Madrid, donde la plataforma ha exigido garantizar el ‘#DerechoAeducación’ para estos niños y niñas, petición a la que se han sumado las personalidades de la cultura y la comunicación a través de un vídeo que recoge también las peticines de los menores de Melilla.


“El derecho a la educación es un derecho fundamental, recogido en el artículo 27 de la Constitución Española y en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas”, ha explicado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra. “Este derecho implica la obligación del Estado español de escolarizar a todo niño o niña que resida en territorio español garantizando una plaza escolar, sin que pueda ser cuestionado en ninguna circunstancia o limitado por problemas administrativos o documentales de sus familias”, añadió.


Según explican organizaciones de infancia que trabajan en la ciudad autónoma, la Dirección Provincial de Educación en Melilla alega problemas documentales de las familias, ya que duda sobre la residencia de estos niños y niñas, y pone barreras constantes para dificultar o impedir esta matriculación: se les solicita documentación adicional de la que carecen, debido a que, en algunos casos, sus padres no tienen autorización de residencia o a que, en otros, estas familias tienen problemas para el empadronamiento, aunque sean residentes legales.


“El número de niños y niñas sin escolarizar en Melilla aumenta cada año. Estos niños y niñas viven y residen en esta ciudad autónoma desde hace varios años. La mayoría han nacido aquí, pero no se les está proporcionando una plaza escolar. De hecho, algunos llevan más de tres años en esta situación, de forma que no pueden acceder al derecho a la educación que está reconocido y garantizado para cualquier niño o niña que resida en España” explica el presidente de la Asociación Prodein (organización que trabaja en la ciudad autónoma), José Palazón.


SIN PLAZA


Wisan nació en Melilla, tal y como consta en su partida de nacimiento, y está empadronado en la ciudad autónoma junto a su madre. Sin embargo, no le han dado plaza escolar para el año que viene. “Ni la Constitución Española, ni la Ley de Educación, ni la Ley de Extranjería exigen que los progenitores, ni los menores, tengan que aportar ni permiso de residencia ni el empadronamiento de la unidad familiar, por tanto se trata de un requisito inconstitucional”, explica el abogado José Luis Rodríguez Candela de Abogados Extranjeristas, organización que lleva los casos de varios de estos menores cuyas familias han iniciado procesos judiciales para pedir su escolarización. “Conocemos casos en los que los Institutos han requerido el permiso de residencia de los padres para otorgarles la plaza”, señala el abogado.


La Plataforma de Infancia recuerda asimismo que esta vulneración de derechos ha sido denunciada por el Defensor del Pueblo, que estuvo la semana pasada en Melilla tratando este y otros temas, y también por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, así como por diversas instituciones de atención a la infancia. La organización está recogiendo firmas tanto de personas individuales como de organizaciones en un manifiesto que se ha leído esta mañana en la puerta del Ministerio de Educación. Hasta el momento 45 organizaciones y/o asociaciones profesionales se han adherido, entre ellas la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación de Mujeres Juezas de España, Amnistía Internacional, Cáritas, CEAR, Oxfam Intermón, Save the Children o Unicef.


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