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MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
Ciudadanos, tal y como anunció el portavoz adjunto del partido en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha pedido la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por el incremento del precio de la luz que se hace efectivo hoy.
Este martes ha entrado en vigor la nueva estructura de peajes y cargos que afectará, según este partido, de manera “sustancial” a la factura eléctrica de los hogares. Una de las novedades es que los consumidores domésticos con una potencia contratada hasta 15kW pasan a tener precios diferenciados por tramos horarios, tanto para la potencia como para el consumo.
Cs explica que el principal motivo de esta reforma no es “abaratar” de forma directa el coste para los hogares, sino mandar las “señales adecuadas” a los consumidores. Se pretende, así, incentivar el traslado del consumo eléctrico desde las horas de máxima demanda eléctrica a otras en las que las redes de transporte y distribución se encuentran menos saturadas.
La formación de Inés Arrimadas aboga por una transición “inteligente” que apueste por las energías renovables, que no “cargue” los costes de la transición sobre los hogares más vulnerables, así como por una auditoría de costes del sistema y de la factura de la luz con el fin de garantizar que los consumidores paguen sólo los costes directamente relacionados con el suministro.
Por ello, también ha presentado este martes una proposición no de ley para evitar el encarecimiento de la factura de la electricidad, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Con ella, insta al Gobierno a establecer un periodo transitorio en la aplicación de la nueva factura de la electricidad que se acompañe de una amplia campaña de información para dar suficiente margen a los consumidores para adaptar sus hábitos de consumo al nuevo sistema tarifario.
Asimismo, apuesta por impulsar una reforma normativa que modifique la base imponible del impuesto sobre el valor añadido y el impuesto eléctrico con el fin de que aquélla se componga únicamente por el precio pagado por la electricidad y el coste asociado a las redes de transporte y distribución.
Además, contempla reducir el IVA de la electricidad al 10% hasta que se recuperen completamente los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia.
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