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Economía
    

La Fiscalía intensifica su investigación a los responsables de Movilidad de Ada Colau

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 17 de mayo de 2021, 11:17 h (CET)

MADRID/BARCELONA, 17 (SERVIMEDIA)


La cúpula del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, que dirige Ada Colau, acumula varias denuncias por la gestión en la adjudicación del servicio de motos eléctricas y tiene a seis altos cargos pendientes de ser llamados a declarar ante el juez por supuestas irregularidades.


La Fiscalía de Barcelona, que abrió diligencias el pasado mes de febrero para investigar la actuación de la concejala Rosa Alarcón y de su mano derecha, Manuel Valdés López, gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras, ha empezado a tomar declaración para determinar las presuntas irregularidades cometidas en todo el proceso.


El Ministerio Público tiene previsto llamar a declarar a Manuel Valdés López en calidad de “investigado”. También contempla tomar declaración a la propia Alarcón; a Jesús Jiménez, jefe de gabinete; a Lorena Zurrón, gerencia de urbanismo y la persona que ejecuta los actos del gerente de movilidad y tiene la interlocución con los operadores; a Eva Redó, exdelegada de Movilidad e Infraestructuras; y a su sustituta en el cargo, Dolors Ibáñez, que podrían declarar como “testigos”.


La empresa Global Mobility Sharing denunció a Rosa Alarcón y al gerente Manuel Valdés López por los delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias al considerar que se han cometido "irregularidades referentes a las actuaciones y omisiones engañosas y fraudulentas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona desde el año 2016 hasta hoy, al haberse omitido de forma dolosa actuaciones para beneficiar a empresas del sector de la movilidad personal, así como actuaciones llevadas a cabo para intentar blanquear actuaciones ilícitas y provocando actos ilícitos a favor".


En la denuncia, se considera que la cúpula de Movilidad ha beneficiado presuntamente a determinadas empresas, como Ecooltra y Acciona, y que ha actuado "para proteger un oligopolio ilegal de determinadas empresas que empezaron a operar en Barcelona con motos de uso compartido con anterioridad a la adjudicación de licencias".


En paralelo a este proceso, el gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras también está inmerso en otra investigación que lleva a cabo la Oficina Antifraude por la adjudicación de un contrato por la vía de emergencia de 1,2 millones, gracias al cual se ampliaron cuatro 'superillas' -zonas restringidas al tráfico particular- en el Eixample.


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