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MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
El instructor del ‘caso Tandem’ ha comenzado a citar como testigos a las supuestas víctimas del espionaje realizado por el comisario José Manuel Villarejo por encargo del BBVA. Hoy están llamados el exministro de Industria socialista Miguel Sebastián y el que fuera vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas, a los que presuntamente se espió para evitar que la constructora Sacyr se hiciera con la mayoría en el banco.
Así, comparecerán ante el juez Joaquín Gadea en la Audiencia Nacional varias de las personas que fueron espiadas entre 2004 y 2005 por Villarejo, que habría vulnerado los derechos fundamentales de todos ellos al intervenir sus conversaciones y correos y hacerles seguimientos al margen de la ley y aprovechando su condición de policía. Estas actuaciones podrían ser constitutivas de los delitos de cohecho y revelación de secretos.
Además de Sebastián y de Arenillas, están citados el empresario y expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el exvicepresidente del BBVA José Domingo Ampuero, y el exdirector general adjunto del banco Vicente Benedito Francés. Los tres habían solicitado comparecer ante el juez.
El objetivo de ese espionaje que se encargó a la empresa Cenyt era “boicotear” cualquier actuación en contra del entonces presidente del BBVA, Francisco González, del llamado ‘Grupo Hostil’, supuestamente favorable a la toma de control de la entidad por Sacyr y al relevo de González como presidente.
El banquero sospechaba que esa operación estaba respaldada por el Gobierno presidido en ese momento por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que uno de los objetivos de ese espionaje fue el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Los intentos de interceptar sus comunicaciones fueron detectados por el CNI.
Según los informes policiales contenidos en esta causa se intervinieron 869 llamadas, se analizaron cerca de 16.500 comunicaciones y se realizaron más de 7.000 horas de vigilancia. Además de Sebastián, se vigiló a empresarios como Juan Abelló, o a banqueros como Emilio Botín para evitar la caída de Francisco González. Incluso se llegó a contactar con accionistas de Sacyr para lograr su apoyo.
Hasta ahora, ninguna de las víctimas del espionaje ha sido escuchadas en sede judicial. Cuando estalló el escándalo, el BBVA ordenó una investigación interna a PwC, que realizó un informe ‘forensic’ del que quedaron excluidos, por orden expresa del banco, los ítems relativos a ‘Grupo Hostil’, Ausbanc o Fernando Martín. El banco aseguró que con esa orden se intentaba agilizar la investigación, pero el perito que realizó el informe dijo en su declaración ante el juez que el análisis de todos eso datos podría hacerse en un plazo no superior a mes y medio.
En todo este embrollo están también imputados varios mandos policiales de los que se sospecha que usaron la base de datos de la Policía Nacional para investigar a las personas a las que espiaba Villarejo. El juez también ha citado para el día 14 a Constancio Riaño, exinspector jefe de la Comisaría General de Información, que colaboró con Villarejo en otros trabajos.
ANTICORRUPCIÓN
Además, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que tome declaración como investigados por un presunto delito de cohecho a los presidentes de Repsol, Antonio Brufau; y CaixaBank, Isidro Fainé, por el encargo a la empresa de Villarejo de investigar al expresidente de Sacyr.
En un escrito presentado el pasado viernes, Anticorrupción pide además citar como investigados a los exdirectivos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunategui y Joaquín Uris, y al exdirector general de Medios de CaixaBank, Antonio Massanell, atendiendo al conocimiento y la implicación que habrían tenido en el asunto.
Los fiscales solicitan las imputaciones en el contexto del proyecto denominado 'Wine' que se investiga en la pieza separada número 21 de la macrocausa sobre Villarejo y que se desarrolló en los años 2011 y 2012, cuando el comisario todavía estaba en activo. Se trataba de frustrar una alianza de Sacyr con la petrolera mexicana Pemex que habría permitido a Del Rivero tomar el control del accionariado de Repsol, donde CaixaBank era accionista de referencia.
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