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Iceta aboga por limitar la duración de los contratos temporales en la Administración y anuncia una ley de teletrabajo este año

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 18 de marzo de 2021, 17:45 h (CET)

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)


El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, señaló este jueves que pretende “delimitar” la duración máxima de los contratos temporales en la Administración Pública y poner “énfasis en su carácter excepcional”, y anunció una ley del teletrabajo para el sector público después de verano.


Así lo anunció durante su primera comparecencia como ministro en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados.


Iceta señaló que se va a reformar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para establecer la “obligatoriedad de las Administraciones Públicas de cubrir las plazas existentes que hoy ocupan personas sin contrato fijo” y que el objetivo es “prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, de manera que se ponga énfasis en su carácter excepcional y se delimite su duración máxima”.


El ministro hizo referencia a casos de trabajadores que permanecen en la Administración como interinos durante décadas y afirmó que “no puede ser, la ley lo ha de prohibir”. Aseguró que “no vamos a hacer las cosas por decreto”, sino que “lo vamos a hacer en diálogo”.


También apuntó que se ampliarán los procesos de estabilización de plazas porque “se están desarrollando de manera más lenta de lo inicialmente previsto”. Según datos del Ministerio, en los dos últimos años se acordaron en las ofertas de empleo público más de 11.000 plazas para la regulación de la temporalidad, procesos que han reducido la interinidad en la Administración General del Estado (AGE) al entorno del 8%.


Además, señaló que en esos procesos de estabilización se debe promover, además del respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, “la estabilización con carácter fijo del personal interino que realiza de forma permanente funciones de tipo estructural”. En este sentido, puso el ejemplo de las limpiadoras en las Administraciones Públicas.


El ministro puntualizó que “en algunos casos cierta temporalidad es aceptable e incluso necesaria”, pero que aquellos casos de trabajadores interinos en puestos estructurales deben ocupar una plaza fija.


“Y también, esto no es un objetivo fundamental y puede no ser compartido, nos gustaría proceder a una internacionalización de servicios” que se encuentran externalizados, según el ministro, que argumentó que hay casos en los que los servicios de la Administración que se subcontratan “acaban costando al contribuyente más que si se desarrollan desde la propia administración”. En este punto, el ministro derivó las decisiones a cada Gobierno “en el marco de sus competencias y de acuerdo con sus prioridades políticas”.


OTRAS LEYES


En lo que respecta al teletrabajo, el ministro anunció que después de verano se aprobará un decreto para regular el teletrabajo en la AGE “con el que daremos soluciones a las zonas en declive demográfico y a la cobertura de plazas en determinadas partes del territorio que suelen quedar vacantes”, en el marco de la estrategia para el reto demográfico.


El Gobierno aprobó el pasado mes de septiembre un decreto sobre teletrabajo en el sector público para adaptarlo a la situación de pandemia por Covid.


Del mismo modo, explicó que su departamento está trabajando en un borrador de la Ley de Función Pública para la AGE de la que destacó como “uno de los aspectos más novedosos” el desarrollo de la figura del directivo público profesional. La futura ley definirá las funciones de este puesto, los requisitos o el mandato.


En cuanto al III Plan de Igualdad de género, afirmó que se impulsará la implementación de las medidas que contempla.


Por último, apuntó otras reformas de su departamento, como es un proyecto de ley para evaluar las políticas públicas, la reforma de la normativa básica estatal en materia de incompatibilidades con el sector privado e incompatibilidades al cese para el personal directivo, un registro obligatorio de lobbies y un reglamento en el primer semestre del año que desarrolle la ley de transparencia.


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