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La reparación del Pazo de Meirás cuesta 400.000 euros al Estado

Agencias
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martes, 16 de marzo de 2021, 18:41 h (CET)

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)


El Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración de emergencia para la contratación de trabajos de seguridad y conservación en el Pazo de Meirás, ubicado en la localidad de Sada (A Coruña), por un coste total de 398.000 euros.


En concreto, el Gobierno determinó en su reunión de este martes que se declaren de emergencia las contrataciones de las actuaciones necesarias, que se efectuarán sobre sistemas y servicios de seguridad; reparación y refuerzo en la instalación eléctrica; o actuaciones para mantener la integridad del edificio y la conservación del patrimonio cultural depositado, entre otras.


Así, el Ejecutivo explicó en la referencia de las decisiones tomadas este martes, que las correspondientes contrataciones o encargos ya se han efectuado, con un coste final de 382.975,27 euros, habiéndose iniciado las obras y actuaciones necesarias para afrontar las necesidades detectadas.


En este sentido, el Gobierno explicó que “la realización de las actuaciones previstas son un presupuesto imprescindible para que en el plazo más breve posible puedan ser abordados proyectos de puesta en valor del inmueble desde el punto de vista histórico e institucional”.


El Juzgado de Primera Instancia de A Coruña y posteriormente, en apelación, la Audiencia Provincial de A Coruña determinaron la atribución al Estado de la propiedad del terreno y edificaciones que integran el Pazo de Meirás, declarando la inexistencia o nulidad de aquellos actos que habían llevado a que durante décadas el inmueble estuviera en posesión de la familia del dictador Francisco Franco, culminando así, según destacó el Gobierno, "un largo proceso judicial”.


Asimismo, los tribunales han atribuido en depósito a la Administración General del Estado determinados bienes muebles del Pazo, entre los que se encuentran diversos bienes “de indudable valor histórico y artístico”, según el Ejecutivo.


De esta manera, detalló el Gobierno, “tras la toma de posesión del inmueble, se analizó su estado y situación desde un punto de vista arquitectónico y de seguridad y se consideró que era necesario realizar de modo inmediato un conjunto de actuaciones para garantizar la seguridad y conservación del patrimonio cultural y, en determinados casos, evitar riesgos para trabajadores y personas que puedan acceder al inmueble”.


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