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Todos los grupos de Congreso, excepto Vox, apoyan la reforma civil y procesal sobre discapacidad

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 16 de marzo de 2021, 13:22 h (CET)

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)


Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, salvo Vox, apoyaron este martes el proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que se debatió hoy en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja junto a las modificaciones incorporadas a su redacción en las reuniones previas de la ponencia.


Según lo anunciado por los portavoces parlamentarios, Vox será el único grupo que no apoye la propuesta. Dado que la Comisión de Justicia tiene capacidad legislativa plena en este asunto, su aprobación significará que pasa al Senado (sin tener que ser ratificada por el Pleno), donde continuará su trámite parlamentario.


Impulsado por el Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (cermi), el proyecto de ley acaba con la distinción entre capacidad de obrar y capacidad jurídica, Y establece la imposibilidad de anular esta última. Suprime por tanto las figuras de la tutela y de la patria potestad prorrogada y, en su lugar, introduce la obligación por parte de los poderes públicos de prestar los apoyos individualizados que cada persona necesite para poder tomar sus decisiones de forma libre, autónoma e informada.


El objetivo de esta reforma, que afecta a siete leyes del Derecho privado, es adaptar el ordenamiento jurídico español al espíritu de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 12 reconoce la igualdad jurídica de este colectivo y prohíbe su discriminación.


Entre otras, supone modificar el Código Civil, la Ley del Notariado, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la de Sucesiones y la Ley de Patrimonio. Representantes de Cermi, ONCE, Plena inclusión, Autismo España, Salud Mental España, Fedace y Aspace asistieron a la sesión parlamentaria.


Casi todos los intervinientes destacaron “el importante trabajo” realizado durante las reuniones de ponencia previas a puerta cerrada, en los que se alcanzó un gran consenso para que esta reforma saliese adelante con el máximo apoyo posible.


La representante de Ciudadanos, Sara Giménez, subrayó las mejoras conseguidas a partir de las 501 enmiendas presentadas al texto, que han dado lugar a más de 50 transaccionales.


Las portavoces de Unidas-Podemos y de Esquerra republicana, Marisa Saavedra y Carolina Telechea, respectivamente, subrayaron “el cambio de paradigma en la concepción de la discapacidad” que esta reforma supone, idea que también compartieron Mikel Legarda (PNV) y Janis boadella (CUP).


Solo el portavoz de Vox, José María Sánchez García, mostró su disconformidad con el espíritu general del texto, por considerar que “obedece a una interpretación a ultranza de la Convención de Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad”, fruto a su vez “de una exaltación de la autonomía”.


Criticó que elimine la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar y rechazó apoyar “una norma que no regula debidamente la discapacidad con arreglo a un criterio de racionalidad jurídica basado en siglos de una reflexión muy detenida que ha dado lugar a importantes instituciones” para salvarguardar el interés superior de estas personas.


“Si los criterios y preferencias de las personas con discapacidad son el principio rector por encima de su interés superior, ¿por qué no hacer lo mismo con los menores de edad?”, se preguntó.


Como respuesta, la portavoz del PP, María Jesús Moro, explicó que el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas no se refiere al concepto de ‘mejor interés de las personas con discapacidad’, sino a la “mejor interpretación de su voluntad”.


“El principio fundamental que informa esta reforma es que todas las personas tienen igual capacidad jurídica”, apuntó, por lo que se trata de “una cuestión de derechos humanos”.


Tanto Moro como el portavoz del PSOE en la comisión, Miguel Ángel González, agradecieron los trabajos realizados por el Cermi y por las demás organizaciones del sector de la discapacidad.


En su intervención, Caballero vinculó este proyecto de Ley con la reforma de la Ley Electoral, que devolvió el derecho al voto a las personas incapacitadas judicialmente, y con la modificación del Código Penal, que acabó con las esterilizaciones no consentidas de personas con discapacidad.


La idea, subrayó, es “avanzar en el respeto hacia la voluntad” de todas las personas, con los apoyos precisos para que estas puedan adoptar sus decisiones de forma autónoma y puedan también expresarlas.


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