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Economía
    

Organizaciones de comercio justo defienden el derecho del consumidor a conocer “quién, dónde y cómo” se elaboran los productos

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 15 de marzo de 2021, 08:17 h (CET)

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)


La Coordinadora Estatal de Comercio Justo recuerda a la ciudadanía la importancia de ejercer su derecho a conocer el proceso de fabricación de los productos y “quién, dónde y cómo, en qué condiciones, se han elaborado”.


Así lo defendió la Coordinadora en un comunicado emitido coincidiendo con la conmemoración este lunes, 15 de marzo, del Día Mundial de los Derechos del Consumidor y en el que destacó que la transparencia en la cadena de suministro resulta “fundamental” para evitar condiciones laborales “infrahumanas”, así como la explotación laboral infantil o la degradación ambiental.


Además, también resaltó que los sellos de comercio justo son actualmente los “únicos avales” que, a su entender, “garantizan” el cumplimiento de los derechos humanos, laborales y medioambientales en la fabricación de productos.


A su juicio, el accidente que tuvo lugar en la ciudad marroquí de Tánger el pasado 8 de febrero, en el que fallecieron 18 mujeres y ocho hombres en un taller textil clandestino, “ha vuelto a poner de manifiesto las condiciones infrahumanas en las que trabajan muchas personas que fabrican los productos que consumimos”.


Junto a ello, recordó que, según un informe elaborado por la OIT, Unicef, la OCDE y la OIM, una parte “importante” del trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas tiene lugar en los “primeros eslabones” de las cadenas de suministro mundiales, es decir, en las actividades agrícolas y de extracción de materias primas.


TRAZABILIDAD Y TRANSPARENCIA


En este punto, la Coordinadora hizo hincapié en el derecho del consumidor a conocer la trazabilidad de los productos y a exigir a las empresas “transparencia” en torno a sus procesos de fabricación dentro y fuera de España.


La Coordinadora Estatal de Comercio Justo participa en campañas de incidencia política relacionadas con estos asuntos y el pasado mes de febrero colaboró en la recogida de más de 145.000 firmas para pedir a la UE que desarrolle una normativa para exigir a las empresas el cumplimiento de los derechos humanos y medioambientales a lo largo de toda la cadena de suministro.


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